A tres años de la muerte de Abigail Hay Urrutia en los separos de la comandancia de la policía municipal de Salina Cruz, un nuevo caso sacude al Istmo de Tehuantepec. El 13 de septiembre fue localizada sin vida Andrea Tamara Balderas Alegría dentro de una celda de esa corporación, lo que obligó a la Fiscalía General de Oaxaca a activar el protocolo de investigación por feminicidio y a presentar ante el Ministerio Público a diez elementos de la policía municipal.
Se trata de la segunda muerte sospechosa ocurrida durante la administración de Daniel Méndez Sosa, quien ha ocupado la presidencia municipal en dos periodos, primero bajo las siglas de Morena en 2022 y actualmente con el Partido del Trabajo en 2025.
La muerte de Andrea reavivó la alarma por la seguridad de las mujeres bajo custodia policial, pero no es el único hecho que marca la violencia reciente en la región. Durante la semana del 15 de septiembre, dos mujeres fueron asesinadas en Yetla de Juárez, Santo Domingo Tonalá, mientras participaban en las fiestas patrias; el 18 de septiembre una estudiante fue atacada con disparos de arma de fuego en Jalapa del Marqués y, días después, en la colonia Petrolera de Salina Cruz, un asalto en la cenaduría "Saby" terminó con la vida de otra mujer.
Ese caso se suma a una racha letal que concentra al Istmo de Tehuantepec como la región más afectada.
De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios del Grupo de Estudios para la Mujer Rosario Castellanos, la zona del istmo ha registrado el 29% de los feminicidios y en lo que va del 2025 se han registrado 65 muertes violentas de mujeres en Oaxaca, 40 han sido con arma de fuego, lo que significa un 62 por ciento de los feminicidios.
Esta situación que parece ser una guerra contra las mujeres oaxaqueñas, muestra una tendencia creciente en el número de feminicidios de los últimos sexenios, que ningún gobierno ha logrado reducir. A pesar que desde hace siete años se activó la Declaratoria de Alerta por Violencia de Genero en 40 municipios de Oaxaca, no hay cambios profundos.
Este monitoreo no solo refleja las cifras sino también la "negligencia y omisión del Estado" que ha fallado en proteger la vida de las mujeres y niñas.