Las fiscalías son las encarga de dirigir la investigación de hechos que constituyen un delito, recabar pruebas, acusar a los presuntos culpables y velar por los derechos de las víctimas, todo con el fin de procurar que este no quede impune, no obstante, en los hechos, los resultados muestran un panorama distinto.
En México, permanece la impunidad por arriba del 90 por ciento, solo 7 de cada 100 casos que llegan a las fiscalías estatales tuvo resolución, así lo revela el estudio "Hallazgos 2023" presentado por México Evalúa.
Investigaciones de la organización Impunidad Cero, exponen que, de los delitos registrados en Oaxaca, el 94 % no fueron denunciados, mientras que del 5.4% que fueron denunciado, solo 0.44% fueron resueltos.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2024, del INEGI, expone que el estado de Oaxaca solo cuenta con 29 unidades administrativas y agencias o fiscalías del Ministerio Público siendo el estado con la menor cantidad a nivel nacional.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, dio a conocer que la cifra negra en el estado de Oaxaca corresponde al 95.7% de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación, la más alta desde el 2010.
Hoy La Responsabilidad De La Procuración De Justicia En Oaxaca, recae en el Fiscal General, José Bernardo Rodríguez Alamilla, quien antes fue Defensor de los Derechos Humanos del Estado.
Rodríguez Alamilla, asumió el cargo luego de la renuncia prematura de Arturo Peimbert Calvo, y a un mes de haber tomado protesta el gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, quien envió la terna para elegir al nuevo fiscal, siendo elegido con 38 votos de los congresistas locales, arrasando la bancada morenista.
Destaca que la fiscalía en Oaxaca, no figura como órgano público autónomo, más bien, como una extensión más del gobierno morenista, ocupando los foros de gobierno del estado para exponer resultados y avances de investigación.
Esta relación, ha sido duramente criticada, por colectivos, activistas, sindicatos, organizaciones, de proteger funcionarios y entorpecer las investigaciones a beneficios personales.