Fiscalía General de la República acelera investigación penal por bloqueos del Istmo

En un movimiento estratégico que sube el tono legal ante la parálisis vial, la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una ofensiva jurídica en la región del Istmo de Tehuantepec. Fuentes ministeriales confirmaron la emisión de los primeros citatorios urgentes para forzar a autoridades comunitarias de la zona a comparecer de manera obligatoria en las oficinas de la subsede federal de Salina Cruz.

Detalles de la carpeta de investigación 

La Fiscalía General de la República ha formalizado las acciones penales derivadas de las protestas en el Istmo de Tehuantepec mediante un citatorio oficial emitido por su subsede en Salina Cruz, Oaxaca. El Ministerio Público de la Federación llamó a comparecer con carácter de urgencia al C. Delfino Reyes González, quien se desempeña como Agente Nativitas, autoridad auxiliar de dicha comunidad perteneciente al municipio de Santo Domingo Tehuantepec.

La orden ministerial quedó asentada bajo el número de carpeta de investigación FED/OAX/SC/0001941/2026 por parte de la Célula IV-2 Salina Cruz. El oficio oficial SC-EIL-E4C2-3806/2026, fechado el 13 de octubre de 2026, obliga al representante comunitario a presentarse a declarar de manera obligatoria el día miércoles 14 de octubre de 2026 a las 12:30 horas en las oficinas federales ubicadas en la Avenida Manuel Ávila Camacho, esquina con calle Constancia, en el Barrio Espinal.

El documento fundamenta el llamado en el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, advirtiendo de forma explícita que, en caso de incumplimiento, el funcionario local se hará acreedor a una multa consistente en 20 días de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se le notificó que deberá asistir acompañado de un Licenciado en Derecho o, de lo contrario, se le asignará un Defensor Público Federal para asegurar la validez legal de su declaración en relación con la obstrucción de las carreteras federales de la zona.

Choque de posturas

Para el Ministerio Público de la Federación, la entrega de citatorios funge como un paso previo y condicional: o se logran acuerdos inmediatos que deriven en la apertura de los caminos, o se integrarán las pruebas suficientes para solicitar formalmente las órdenes de aprehensión correspondientes por delitos federales. Por el contrario, los representantes de las asambleas indígenas del Istmo han calificado esta medida como una vía de criminalización de la protesta, advirtiendo que sus jornadas de movilización continuarán activas hasta que se instalen mesas de respuesta reales y no de intimidación legal.