Futuro del Cerro del Crestón, atrapado entre leyes e intereses

En Oaxaca, El Cerro del Crestón volvió al centro del debate público, el conflicto combina decisiones administrativas, intereses inmobiliarios y la inquietud de colectivos por la protección de un ecosistema urbano.

A finales de julio de 2025 el Cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó retirar las restricciones municipales que, desde 2021, frenaban trámites como apeos y subdivisiones dentro de la reserva. Esa reversa encendió alertas entre colectivos y grupos comunitarios que cuestionan la falta de un plan operativo públicamente asentado antes de reactivar permisos.

El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, negó que el acuerdo aprobado sea para permitir un mayor avance urbano en la zona, más bien, es únicamente para regularizar las 44 colonias que están en el polígono y que, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente estatal, abarcan el 31 por ciento del total de la zona de reserva ecológica y área natural protegida. Es decir, 384 hectáreas de las 1,239 que, según el nuevo decreto, comprende el área.

En septiembre de 2024 el gobierno estatal rectificó y digitalizó el polígono de la reserva; con una delimitación oficial de aproximadamente 1,239 hectáreas y 11 km de perímetro, para incorporarlo a sistemas de información geográfica y avanzar en la elaboración de un Programa de Manejo; esto a pesar de que en un diagnóstico del 2020 hecho por la Comisión Nacional Forestal se había dicho que son más de 2,300 hectáreas las que comprende la reserva.

Desde entonces, el gobierno ha avanzado en su elaboración, pero ese documento aún está en proceso y no define públicamente todos los criterios operativos que regularán usos de suelo, zonificación, control de visitas y autorizaciones de obras.

Además de que, según dijo en su momento el consejero jurídico del gobierno estatal, persisten los intereses de inmobiliarias en esta área decretada como reserva ecológica el 14 de noviembre de 1992, pero que hasta casi 32 años después fue delimitada.

Aun cuando el gobierno estatal delimitó la zona y ha asegurado que es para dar certeza jurídica a las personas que ahí habitan, algunos comuneros del ejido Guadalupe Victoria y de la agencia Pueblo Nuevo se han manifestado, pues consideran que se les restringen sus derechos y se les impondrán condiciones. Por ello han reiterado su exigencia por eliminar el decreto.