Jubilados y trabajadores de Pemex denuncian que no se aplicó el aumento

Jubilados y trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) expresaron su preocupación luego de que, el pasado 13 de noviembre, personal del Módulo de Atención a Jubilados les informó que "por instrucciones superiores y derivado de acuerdos del Consejo de Administración", el incremento salarial del 4.5 por ciento no sería aplicado ni a personal de confianza ni a jubilados. De acuerdo con lo señalado en esa ventanilla, los jubilados tampoco son considerados dentro de la categoría de trabajadores de confianza.

La decisión no ha sido comunicada oficialmente al personal de confianza, lo que ha generado inconformidad entre los 23 mil 400 jubilados y más de 24 mil trabajadores en activo. La medida impacta principalmente a quienes reciben pensiones menores, pues del total de jubilados solo 543 pertenecen a niveles ejecutivos, mientras que el resto más de 23 mil perciben entre 20 mil pesos y, en algunos casos, apenas 3 mil 500 pesos por catorcena.

Según la información proporcionada en el módulo, la instrucción para explicar la decisión se giró directamente a su personal, indicando que el Consejo de Administración optó por no extender el aumento salarial y que será necesario esperar a la próxima revisión salarial. Jubilados y trabajadores subrayan que, por primera vez en 80 años, el Consejo tomó una determinación que excluye a estos sectores, rompiendo con la práctica histórica de igualar los incrementos otorgados a sindicalizados.

De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Pemex, el Consejo de Administración tiene atribuciones en materia presupuestal, mientras que la Dirección General se encarga de la operación y ejecución de políticas, pero ninguno de los dos posee facultades directas en materia de salarios y prestaciones. Por ello, jubilados consideran que la medida representa una acción irregular y una posible violación a los derechos laborales de este sector.

Solicitaron apoyo para promover acciones y estrategias que permitan revisar y reconsiderar esta decisión, al considerarla un hecho inédito que afecta la economía y los derechos de miles de trabajadores y jubilados de la empresa productiva del Estado.