Justicia sin traducción: afecta derechos del 70% de indígenas presos en Oaxaca

Por: Nahomi Flores
Salina Cruz
Fecha: 14-01-2026

En el sistema de justicia penal de Oaxaca se sigue reproduciendo desigualdades para las personas indígenas privadas de la libertad. De acuerdo con el coordinador de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales actualmente en las cárceles del estado hay alrededor de mil 200 personas indígenas; entre las cuales, dijo, El 70% de las personas indígenas recluidas o privadas de la libertad en un centro penitenciario de Oaxaca no tuvieron acceso a un traductor e intérprete de lenguas indígenas, y poco más del 50% está preso sin sentencia.

Las lenguas involucradas con mayor frecuencia incluyen zapoteco, mixe, chinanteco, triqui y otras variantes regionales. Muchas de estas lenguas tienen múltiples variantes internas, lo que complica aún más la interpretación adecuada cuando no existen intérpretes capacitados en cada dialecto necesario.

Aunque el Artículo 2° de la Constitución Mexicana y normas como el Código Nacional de Procedimientos Penales reconocen el derecho de las personas indígenas a ser asistidas por intérpretes con conocimiento de su lengua y cultura, en la práctica este derecho se cumple de forma irregular o insuficiente en Oaxaca. La mayoría de fiscalías y tribunales estatales carecen de un cuerpo estable de intérpretes disponibles para las audiencias penales.

La falta de interpretación adecuada afecta gravemente derechos humanos clave como el debido proceso y la presunción de inocencia. Personas indígenas que no entienden las acusaciones o los términos legales enfrentan juicios en desventaja, a menudo sin comprender de qué se les acusa o cómo ejercer su defensa legal.

Asimismo, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han señalado que 9 de cada 10 internos indígenas a nivel nacional no reciben asistencia de intérprete o traductor durante el proceso penal, una señal de que este problema no es exclusivo de Oaxaca, pero sí más acentuado allí por su mayor población indígena; poniendo en riesgo derechos fundamentales y perpetuando la marginación de los pueblos originarios en el sistema penal mexicano.


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