Juventudes oaxaqueñas: sin trabajo, sin seguridad, sin justicia

Más de veinte colectivos y organizaciones sociales advirtieron que la administración estatal de Salomón Jara Cruz acumula, desde 2022, más de 900 desapariciones de mujeres jóvenes de entre 12 y 29 años en Oaxaca, configurando una crisis de derechos humanos que golpea con especial dureza a juventudes indígenas, afrodescendientes, LGBTIQ+ y con discapacidad. Estas ausencias no son aisladas, de acuerdo a la plataforma Red Lupa con corte al 16 de mayo de 2025, Oaxaca tenía 760 personas desparecidas de las cuales el 51.05 por ciento de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 34 años.

Entre las organizaciones firmantes destacan GESMujer, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Corazón Mixteco, Marea Verde Mixteca, entre otras. En su análisis, denunciaron la impunidad en los casos de desaparición, la revictimización institucional y la ausencia de protocolos con enfoque de género. Y aunque la fiscalía estatal ha activado protocolos de búsqueda con la Comisión Estatal de Búsqueda, logrando una tasa de localización del 83 por ciento en lo que va del año, aun así, la mayoría de las carpetas sigue impune.

Además de la violencia y las desapariciones, las juventudes oaxaqueñas enfrentan violencias estructurales y discriminación en espacios educativos y laborales. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo revela que el 53.8 % de la población ocupada en Oaxaca trabaja en el sector informal, siendo 56.2 % de esa población mujeres jóvenes que carecen de contrato, prestaciones y seguridad social. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un joven oaxaqueño gana en promedio 33.8 pesos por hora, frecuentemente sin contrato ni prestaciones, y su tasa de desempleo alcanza el 8.7 por ciento, el doble que la de adultos mayores de 30 años. A ello se suma el acoso y el racismo en las aulas, a escala nacional, la UNESCO estima que uno de cada tres estudiantes sufre acoso escolar al menos una vez al año, y que uno de cada diez niños es víctima de ciberacoso, factores que agravan el bienestar emocional y académico de las juventudes oaxaqueñas, además de la falta de adaptaciones para personas con discapacidad y la criminalización de la protesta juvenil, lo que empuja a muchos a la economía informal o a migrar.

Ante esta realidad, las agrupaciones exigen políticas públicas interseccionales que reconozcan la diversidad juvenil, garanticen trabajo digno y seguridad social, establezcan protocolos de búsqueda con enfoque diferencial y aseguren espacios educativos y laborales libres de violencia y discriminación.