La censura de la 4t, aunque lo nieguen
Por:
Andrés Solís
CDMX
Fecha: 21-07-2025
CDMX
Fecha: 21-07-2025
La libertad de expresión en México está bajo amenazas y es el estado el principal impulsor de reformas legales que buscan inhibir, acotar y menoscabar el derecho de las personas a expresarse libremente o a recibir información.
El 29 de junio de 2025, el senado de la república aprobó la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que a decir de especialistas, pretende imponer censura previa, aún cuando viola los Artículos 6 y 7 de la constitución...
"Lo que estamos viendo es una escalada de leyes o iniciativas de ley con un claro objetivo censor, un claro objetivo criminalizante de la libertad de expresión, con la finalidad real, aunque expongan otros motivos, la finalidad real es inhibir la crítica pública", dijo Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.
Aunque en el dictamen final de la Ley de Telecomunicaciones desapareció el Artículo 109 que permitía al Estado bloquear plataformas digitales, violando el derecho a difundir informaciones y opiniones, lo aprobado por el Congreso, obliga a las plataformas de streaming a solicitar permisos por anticipado, lo que afectaría el derecho de cualquier persona a realizar transmisiones en vivo a través de redes socio digitales.
Esta nueva ley crea un órgano regulador que estará bajo el control de la Agencia de Transformación Digital y cuyos integrantes serán designados directamente por quien ocupe la Presidencia de la República.
Así lo explicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, durante la presentación del proyecto de ley.
"El nuevo órgano regulador de telecomunicaciones es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un desconcentrado dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero con independencia técnica, operativa y de gestión.
Al respecto, Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, ve en esta legislación, un nuevo modelo de control del poder en su relación con medios privados y con el ejercicio de la libertad de expresión.
Luego tenemos esta concentración de facultades en la agencia de transformación digital, una de las más importantes y que es el nido de la víbora, en términos de una relación muy poco democrática, entre concesionarios privados y poder público, es que regresa la discrecionalidad al ejecutivo, para decir a quién sí, a quien no se le dan concesiones o se le renuevan".
Morena pretende acotar libertades
Al primer gobierno de morena no le gustó dejar de ser oposición y tener que rendir cuentas y ahora intenta acotar el derecho que tienen las personas a expresarse libremente y de paso acotar el ejercicio profesional del periodismo.
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, afirmó que al nuevo partido mayoritario "no les gustó la crítica pública, no les gustó ser exhibidos en temas de corrupción, no les gustó que la gente se diera cuenta de la ineficiencia y la inoperancia que como gobiernos y ahora lo ven como parte de una estrategia de consolidación de su hegemonía política el inhibir la visibilización de todos estos elementos".
En apenas unos meses, al menos tres gobiernos y congresos locales controlados por el partido mayoritario aprobaron o presentaron iniciativas de ley y reformas legales que podrían amenazar la libertad de expresión y los derechos de información.
Legislando la censura
1. Prohibición de corridos sobre narcotráfico en Michoacán
2. Creación del delito de "ciberasedio" en Puebla
3. Propuesta de crear delito de "acecho digital" en el Estado de México
Fuente: elaboración propia
El 16 de abril, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla emitió un decreto para prohibir la interpretación o reproducción de música en eventos públicos que promueva cualquier tipo de apología del delito; la idea era poner freno a los corridos que exaltan a narcotraficantes...
El 13 de junio, el Congreso de Puebla, con mayoría de Morena, aprobó crear el delito de "ciberasedio", dispuesto en el Artículo 480 del Código Penal del estado, mientras el 30 de junio, comisiones del Congreso del Estado de México aprobaron crear el delito de "acecho digital" y en ambos casos se prevén sanciones de cárcel.
Son legislaciones que buscan frenar el acoso y violencia contra las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, periodistas y activistas alertaron sobre el riesgo de que estos tipos penales sirvan para perseguir a quienes critican al poder.
Luis Miguel Carriedo, coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México, alertó sobre estos tipos penales vigentes en distintas entidades federativas, incluso en el código federal, que con una interpretación equivocada, pueden ser muy nocivos para la libertad de expresión.
Por su parte, Patricia Méndez, vocera de la Red Puebla de Periodistas, destacó además que son refomas legales mal redactadas y "al haber tanta ambigüedad en los conceptos, puede abrir la puerta para sancionar a quienes realicen su trabajo periodístico y cualquier otro ciudadano, que exprese alguna crítica y podría terminar en la cárcel.
Nuevas leyes, que se suman a las que persisten
Los gobiernos emanados de Morena buscan violentar el derecho a la libertad de expresión y a sus propias leyes se suman aquellas permanecen vigentes, incluso desde los tiempos previos a la revolución mexicana.
El 13 de junio de 2025 el periódico Tribuna de Campeche dejó de publicarse en internet, por una resolución de la jueza civil Maribel Beltrán Valladares, quien determinó que este medio y su ex director, Jorge Luis González Valdés habían incurrido en violencia política en razón de género en contra de la gobernadora del estado, Layda Sansores Sanromán, paradójicamente hija del fundador del periódico y ex gobernador Carlos Sansores Pérez.
La resolución de la jueza llegó al extremo de ordenar que haya un censor que revise cualquier texto, antes de publicarse en el periódico sentenciado, al que además le prohíbe referirse directamente a la gobernadora, a pesar de que es una figura pública que debe rendir cuentas a la sociedad a la que gobierna.
En mayo de 2025, el Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó al periodista Héctor De Mauleón y al diario El Universal, eliminar una columna, por supuestamente cometer violencia política en razón de género en contra de una candidata al poder judicial.
Periodistas y activistas califican de actos de censura, porque son una forma de "inhibir que se expongan temas de interés público donde pudieran estar involucrados actores públicos e inhibir el debate democrático e imponer una sola visión del mundo, dijo Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
Pero esto no es nuevo. México había avanzado en la desaparición de los llamados delitos contra el honor, difamación, calumnia e injurias, pero aún hay entidades donde se sigue castigando con cárcel este tipo de conductas.
En Campeche, Colima, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas, sigue vigente el delito de difamación en sus códigos penales; además en Nuevo León y Yucatán, también se persigue la calumnia y la injuria.
Sin embargo, en 22 entidades aún se incluye el delito de ultrajes, un delito que se creó durante el gobierno de Porfirio Díaz a finales del Siglo XIX y que buscaba castigar y encarcelar a quien hablara mal u ofendiera a cualquier autoridad.
De ahí que estas mismas leyes buscan limitar el derecho a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo o la protesta social...
Por ello, el coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México, Luis Miguel Carriedo recomendó poner candados para que este tipo de delitos no se vayan a confundir ni con la crítica periodística ni con la exigencia o la insistencia en solicitudes de entrevistas o el legítimo reclamo ciudadano cuando considera que una autoridad está haciendo mal su trabajo.
O como afirma la periodista poblana, Patricia Méndez, que no se actúe contra "quien explote en redes sociales o haga una crítica negativa por un mal servicio por parte de la administración estatal y el servidor público se sienta ofendido, podría terminar en la cárcel".
Foto: Delitos contra el honor y entidades donde se castiga
