La impunidad institucional perpetúa violencia indígena en Oaxaca

En Oaxaca, la violencia contra las mujeres indígenas sigue siendo una realidad alarmante. Entre 2019 y 2023, la Fiscalía General del Estado registró 3,462 denuncias relacionadas con mujeres indígenas, abarcando delitos desde discriminación hasta abuso de autoridad; de acuerdo al informe elaborado por la Fundación IDEA, titulado "Identificación de condiciones de violencia de género en las comunidades indígenas de Oaxaca". Sin embargo, el acceso a la justicia se ve obstaculizado por estructuras de poder arraigadas, que a menudo perpetúan la impunidad, y la falta de recursos en comunidades alejadas.

Un caso reciente que ha puesto en evidencia estas problemáticas es el del presidente municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Roberto Pérez Delgado, quien fue captado en video agrediendo físicamente a una mujer indígena. A pesar de la gravedad del incidente y de que la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género asumió el caso, hasta la fecha no se ha informado sobre una resolución. Además, Pérez Delgado busca reelegirse en su cargo, amparándose en los sistemas normativos internos de la comunidad.

Ante esta situación, el Gobierno de Oaxaca ha implementado medidas. En octubre de 2025, se inauguró una Mesa de Trabajo Regional Interinstitucional en Oaxaca de Juárez, con el objetivo de promover la coordinación municipal para brindar atención ampliando las capacidades de las autoridades para dar seguimiento a 30 de los 40 municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Organismos como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y colectivos como Consorcio Oaxaca han desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, ofreciendo asesoría legal y acompañamiento en casos de violencia.

El sistema de justicia del estado es complejo y generalmente de difícil acceso, tanto para las mujeres urbanas como para las indígenas, es un sistema en el que tener dinero o tener relaciones con quienes operan el sistema pesa más que la propia ley legislada. El sistema de justicia está rebasado de casos, de expedientes y el presupuesto público no alcanza. Para las mujeres indígenas el acceso a la justicia es un gran desafío por el contexto en el que viven; y pese a avances normativos su aplicación sigue significando que muchas de ellas no reciban protección real ni reparación pronta.