En las profundidades de Oaxaca, persiste el matrimonio infantil forzado. Estas prácticas, aunque prohibidas por la ley, siguen enraizadas en ciertas comunidades, especialmente aquellas regidas por usos y costumbres.
Hasta 2019, Oaxaca estaba entre las tres entidades con mayor porcentaje de matrimonio infantil en México, con un 39 por ciento de niñas y adolescentes que se casan antes de la mayoría de edad. Sólo superada por Chiapas y Guerrero, según datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid). Estos datos oficiales indican que en el estado 4 de cada 10 matrimonios se realizaron cuando algunos de los contrayentes eran menores de edad.
Mientras que la modernidad y los derechos humanos avanzan, éstas prácticas culturales resisten al cambio. El matrimonio infantil, se mantiene en la clandestinidad, protegido por el velo de la tradición y la falta de denuncias. Las niñas, en muchos casos, carecen de apoyo y recursos para enfrentar esta realidad, y las estructuras comunitarias a menudo priorizan la preservación de costumbres sobre la protección de los derechos individuales.
El fenómeno de estas actividades se manifiesta con mayor frecuencia en regiones como la Sierra Norte, la Cañada, los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec. Por ejemplo, en comunidades zapotecas del Istmo, como Juchitán, Santa María Xadani y Unión Hidalgo, se ha documentado la práctica del "rapto con fines matrimoniales", donde jóvenes, a veces menores de edad, son llevadas por sus futuros esposos como parte de un ritual tradicional.
Sin embargo, en febrero de 2024, la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó la tipificación del delito de "cohabitación forzada", imponiendo penas de hasta 15 años de prisión a quienes obliguen a menores a unirse en matrimonios o concubinatos forzados. Esta medida busca disuadir y sancionar estas prácticas, aunque su implementación efectiva aún enfrenta retos significativos.
La realidad es compleja. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconoce que, aunque el matrimonio infantil está prohibido, las uniones tempranas persisten, especialmente en comunidades indígenas. Las víctimas y sus familias, en muchos casos, desconocen los mecanismos para hacer valer sus derechos o temen represalias al desafiar normas comunitarias profundamente arraigadas.