Normalistas desafían al gobierno por plazas y derechos educativos

En los últimos meses Oaxaca ha sido escenario de protestas y bloqueos de estudiantes normalistas que reclaman impunidad y fallas institucionales. Las acciones estudiantiles se han traducido en tomas de autobuses y bloqueos en puntos céntricos de la capital, con enfrentamientos verbales con autoridades; en varios casos la Policía Estatal intervino para desalojar los cierres viales, lo que aumentó la polarización entre la ciudadanía, el sindicato y los jóvenes.

Las movilizaciones surgen de denuncias específicas. Estudiantes de las 11 escuelas normales del estado acusan irregularidades en los procesos de admisión y el incumplimiento de compromisos académicos y laborales. Uno de los casos más señalados ocurrió en la Normal Experimental de Teposcolula, donde se reportó la desaparición de 24 cuadernillos de examen, hecho que despertó desconfianza por poner en riesgo el acceso de jóvenes indígenas y rurales a la formación docente.

Los normalistas exigen la entrega de diplomados, la revisión de la malla curricular y la asignación automática de plazas prometidas a egresados. El gobierno estatal informó la entrega de 1,212 plazas, de las cuales el 75% corresponde a educación básica y el 15% a educación física, lo que representa un 86% de avance. Sin embargo, los estudiantes y la Sección 22 aseguran que la medida no resuelve la falta de transparencia ni garantiza colocación en zonas rurales.

Los antecedentes muestran que la tensión no es nueva: en septiembre de 2024 la Fiscalía estatal abrió tres carpetas de investigación por daños a comercios durante una marcha y señaló 17 personas presuntamente involucradas. Desde entonces persisten peritajes y denuncias cruzadas entre comerciantes y agrupaciones estudiantiles.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca ha ofrecido diálogo y revisión de expedientes para aplicar acuerdos, aunque las demandas estudiantiles constantes revelan una percepción de injusticia hacia sus derechos cuando las respuestas institucionales son tardías; en ese vacío se consolida la sensación de que las normas no se aplican por igual.

Sin reformas de transparencia para evitar la repetición de conflictos esto se enlaza con una tradición más amplia de impunidad hacia los movimientos estudiantiles en México.