El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) presentó el Compendio de prácticas comunitarias en favor de los derechos político-electorales de las mujeres en municipios de Sistemas Normativos Indígenas, documento que reúne experiencias de 254 comunidades que han impulsado ajustes internos para permitir o fortalecer la participación femenina en cargos comunitarios en 62 municipios. El compendio, acompañado de un documental con testimonios de mujeres que hoy ejercen autoridad, busca servir como referencia para municipios que mantienen normas restrictivas o prácticas que excluyen a las mujeres en la toma de decisiones.
Del universo de 413 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas y que fueron incluidos en el Catálogo-Compendio; hasta el corte público del 26 de noviembre, se registraron 28 mujeres electas como presidentas municipales; además, el compendio documenta numerosos casos en que mujeres ocuparon regidurías y suplencias, es decir: más mujeres en cargos de autoridad que sólo las alcaldías. Tan solo en las elecciones de 2024 se registraron 253 mujeres electas en cargos de concejalías en municipios SNI, pero la representación en presidencias municipales y en cargos con poder real aún es minoritaria.
A pesar de que en ciclos electorales recientes se han registrado progresos, la realidad en muchas comunidades sigue marcada por resistencias culturales, cargas de trabajo doméstico, presiones y amenazas que dificultan asumir cargos. De hecho, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una Alerta Temprana en 2025 por riesgos de violencia política en municipios regidos por sistemas normativos internos, especialmente hacia mujeres que buscan participar en asambleas. Casos recientes de agresión contra funcionarias; como el asesinato de la regidora Guadalupe Urban Ceballos subrayan el riesgo que enfrentan las mujeres en el ejercicio público.
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca (OPPMO) fue instalado precisamente para monitorear, promover y proteger la participación con especial atención a zonas indígenas, para transformar prácticas culturales que históricamente han limitado los derechos político-electorales de las mujeres de estas zonas.