Oaxaca se convirtió el 25 de septiembre de 2019 en la segunda entidad mexicana en despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, tras una votación histórica en el Congreso local que modificó el Código Penal estatal para eliminar sanciones de seis meses a dos años de prisión por interrupción voluntaria del embarazo. A nivel federal, desde febrero de 2025, la realización de abortos en el primer trimestre es plenamente legal, y Oaxaca figura entre los estados que ofrecen este servicio en el sector público.
Sin embargo, en todo el estado, únicamente unas pocas clínicas entre ellas la de Fundación MSI, que abrió sus puertas en Oaxaca ofreciendo procedimientos con aspiración manual endouterina y aborto con pastillas avalados por la OMS proveen servicios ILE (Interrupción Legal del Embarazo) de manera certificada.
Los datos del Servicio de Salud de Oaxaca (SSO) revelan que, de septiembre de 2019 a agosto de 2024, se realizaron 1 995 abortos en clínicas y hospitales públicos, de los cuales 1 926 ocurrieron antes de las 12 semanas de gestación y 69 después de ese límite. Aun así, se calculan 2 500 abortos clandestinos anuales, un indicativo de que muchas mujeres recurren a intervenciones fuera del sistema de salud por desconocimiento, estigma o falta de disponibilidad. Durante los primeros dos meses de 2025, solo 142 mujeres accedieron a un aborto legal en el estado. Proyectando una diferencia significativa frente a la estimación clandestina afectando de manera desproporcional a mujeres de zonas rurales y con menor nivel socioeconómico.
En el primer semestre de 2024, en Oaxaca hubo 125 nacimientos en niñas menores de 15 años y 2 688 en adolescentes de 15 a 19 años, indicadores que subrayan no solo la persistencia del embarazo no deseado en población joven, sino también la insuficiencia de educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos.
Las barreras socioculturales, la objeción de conciencia mal regulada y la falta de información contribuyen a que jóvenes sin respaldo familiar o económico opten por alternativas inseguras, a la vez que reduce el uso de los servicios legales disponibles.
