El Congreso de Oaxaca aprobó una nueva Ley de Movilidad y una Ley de Tránsito, Vialidad y Seguridad Vial que modifican las reglas de circulación en el estado. Entre los principales cambios se encuentra el reconocimiento de la movilidad como un derecho humano, nuevas disposiciones para vehículos eléctricos, ajustes en los operativos de alcoholimetría y mayores controles para el transporte público.
La reforma busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, además de establecer criterios para organizar el uso de las calles y mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan por ellas. Su aplicación también requerirá que los municipios adapten sus reglamentos locales a las nuevas disposiciones.

Peatones tendrán prioridad en las calles
Uno de los cambios centrales es la jerarquía de movilidad, que coloca en primer lugar a los peatones, especialmente a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad. Después se ubican los ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados, seguidos del transporte público, los vehículos de carga y, finalmente, los automóviles y motocicletas particulares.
La legislación también establece disposiciones para patines, patinetas, monopatines y otros vehículos de micromovilidad. Según los términos descritos para la reforma, los vehículos recreativos no motorizados no podrán utilizarse como medio de transporte en vías públicas, mientras que los scooters eléctricos y minivehículos similares tendrán restricciones de circulación en función del límite de velocidad de las calles.
Cambios en alcoholímetros y sanciones
En materia de vigilancia vial, la Policía Vial Estatal será la instancia facultada para instalar puntos de alcoholimetría. Las corporaciones municipales tendrán limitaciones para retener licencias y tarjetas de circulación estatales, así como para aplicar sanciones por la falta de esos documentos, conforme a las nuevas disposiciones.
Conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas también tendrá consecuencias sobre la licencia: se establece su retiro por un mínimo de un año para conductores particulares y de seis meses para quienes manejen unidades de transporte público o de carga.
Además, se contempla una base de datos estatal de infracciones y el uso de dispositivos electrónicos y medios bancarios para el cobro de multas, con la intención de reducir posibles actos de corrupción durante los procedimientos de tránsito.

Transporte público bajo mayor supervisión
La reforma fortalece el Registro Estatal de Transporte de Oaxaca para mejorar el control de concesiones y permisos. También establece cursos de seguridad y educación vial al menos una vez al año para concesionarios y conductores.
Otro de los mecanismos previstos es la creación del Observatorio Ciudadano de Movilidad, que permitirá la participación de especialistas, universidades y organizaciones civiles en la evaluación y formulación de propuestas para mejorar el sistema de transporte.
Los municipios tendrán un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la publicación oficial de las leyes, para adecuar sus reglamentos de tránsito. La fecha de publicación y los artículos transitorios serán determinantes para establecer el inicio de los plazos y la aplicación de cada disposición.
Los cambios colocan nuevos retos para autoridades y usuarios: conocer las reglas, respetar la prioridad de quienes enfrentan mayores riesgos en las calles y garantizar que la vigilancia vial se aplique con claridad, legalidad y transparencia.