El programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), creado en 2019 como organismo coordinador descentralizado con autonomía técnica bajo la supervisión de las secretarías de Educación Pública, Bienestar y Hacienda, ha abierto 22 sedes en Oaxaca con el reto de llevar educación superior gratuita y cercana a las comunidades más rezagadas.
En cada campus, las Comisiones de Administración y Supervisión integradas por autoridades locales, padres de familia y alumnos se encargan de inscripciones, manejo de recursos y vigilancia de la calidad académica, un modelo que busca arraigar la gestión universitaria en las necesidades locales. Estas sedes ofrecen carreras concretas como Medicina Integral y Salud Comunitaria; Medicina Veterinaria y Zootecnia; Enfermería y Obstetricia, diseñadas para atender problemáticas regionales y desincentivar la migración estudiantil y los altos costos de colegiaturas privadas.
Para el ejercicio fiscal 2025, las UBBJ recibieron 3,014.9 millones de pesos, casi el doble de los 1,562.6 mdp asignados en 2024; este presupuesto contrasta con el recorte de 10,268 mdp previsto para la educación superior convencional, donde la UNAM enfrentó una disminución de 5,360.1 de su presupuesto y el IPN de 2,190.7 mdp.
A pesar del mayor presupuesto, varias sedes de Oaxaca carecen de laboratorios y buena conectividad, sufren escasez de docentes especializados y, no existe un sistema nacional de indicadores que compare el desempeño de las UBBJ con el de las universidades públicas tradicionales, lo que dificulta evaluar su eficiencia; además, el enfoque comunitario fortalece el sentido de pertenencia, pero ha evidenciado inequidades administrativas y falta de mecanismos claros de rendición de cuentas.
Cabe destacar que el registro nacional en la educación superior por el programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro" estiman 147 mil estudiantes beneficiarios recibiendo 2 mil 800 pesos mensuales durante los 10 meses del ciclo escolar, hasta por un máximo de 45 meses. La experiencia de las UBBJ en Oaxaca servirá como prueba piloto para determinar si un modelo comunitario, impulsado por un presupuesto diferenciado, puede traducirse en mejores indicadores de cobertura y calidad educativa, sin descuidar la solidez financiera y la infraestructura mínima requerida.