Oaxaca enfrenta 23 casos de desplazamiento forzado, buscan retorno seguro de familias

La violencia generada por conflictos políticos, religiosos, agrarios y sociales ha provocado en Oaxaca al menos 23 casos de desplazamiento forzado interno, principalmente en las regiones Mixteca y Mixe, donde miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus comunidades.

De acuerdo con la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), el 98% de los casos se originaron en administraciones anteriores y permanecen sin una resolución definitiva. Entre los conflictos más graves destaca el de la comunidad de Guerrero Grande, en San Esteban Atatlahuca, donde hace casi seis años los habitantes fueron expulsados tras enfrentamientos por la explotación de un bosque.

También sobresale el caso de Tierra Blanca Coapala, donde en 2020 un grupo armado desplazó a 144 familias, muchas de las cuales aún no han logrado regresar. Con la entrada en vigor de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, el estado busca frenar este fenómeno mediante sanciones de hasta 18 años de prisión y multas superiores a los 220 mil pesos, tanto para quienes provoquen el desplazamiento como para quienes impidan el retorno de las víctimas.

Esta legislación ha sido reconocida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que colabora con el gobierno oaxaqueño en procesos de acompañamiento y verificación. Uno de los avances más significativos se registra en la comunidad de Guadalupe Victoria, en San Juan Juquila Mixes, donde más de cien familias desplazadas hace ocho años podrían regresar a finales de 2025.

Según la CADH, existen condiciones habitables en las viviendas y se brinda apoyo psicológico a las víctimas. Además, se implementará un sistema de seguimiento digital, donado por ACNUR, para garantizar que el retorno sea seguro y definitivo, marcando un precedente en la atención a comunidades desplazadas en México.