Desde enero de 2025, Oaxaca se distingue como la entidad con la tasa más baja de personas desaparecidas del país (102 por cada 100 mil habitantes) y presume una tasa de localización del 83 por ciento según datos de la Comisión Estatal de Búsqueda (CLB) a junio de este año. Sin embargo, la desaparición de personas es un delito que alcanzó a Oaxaca. En sólo cuatro años, la cifra de víctimas casi se duplicó, de 418 víctimas registradas en 2022, se pasó a 620 en 2023, 730 en 2024 y 760 al corte de mayo de 2025, de acuerdo con cifras del Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025 de Red Lupa.
Aunque Oaxaca se ubica dentro de las seis entidades del país con menor número de desapariciones, el incremento de víctimas de este delito emite signos de alarma. Esta brecha entre el registro oficial y las denuncias ciudadanas se establece en diferencias de criterios de reporte. Mientras la comisión de búsqueda contabiliza únicamente los casos con denuncia formal y alta prioridad, los colectivos incluyen también reportes de familiares que no logran inscribir la carpeta de investigación, denuncias archivadas y búsquedas en zonas rurales de difícil acceso.
Del total localizado en los últimos 15 años, apenas un 2.1 por ciento fueron hallazgos sin vida y el 13.6 por ciento permanece pendiente de localización de acuerdo al Índice de Paz México 2025. Las regiones más afectadas son los Valles Centrales (con 165 casos), seguidos por el Istmo de Tehuantepec, donde Juchitán reporta 19 desaparecidos, y la Cuenca del Papaloapan, con 44 en San Juan Bautista Tuxtepec.
Aun con la disparidad en localización, se busca ampliar la colaboración a través de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca presentada por La diputada Irma Pineda buscando establecer de manera explícita la obligación de los ayuntamientos de coadyuvar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas.