La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un informe especial sobre la situación de las personas periodistas en la entidad, en el que documenta agresiones, amenazas y asesinatos relacionados con el ejercicio informativo, así como sus repercusiones en la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información plural y oportuna.
El documento reporta que 16 personas fueron asesinadas en Oaxaca en relación con su labor periodística entre octubre de 2006 y julio de 2026. Asimismo, registra 157 agresiones contra periodistas durante el sexenio 2018-2024, cifras que evidencian los riesgos que enfrenta el gremio en el estado.

La Defensoría advierte que la violencia contra quienes ejercen el periodismo no afecta únicamente a las víctimas directas, sino también a las comunidades que dependen de su trabajo para conocer asuntos de interés público.
Amenazas, el delito más frecuente
En materia de procuración de justicia, el informe señala que, al 24 de abril de 2025, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca tenía 33 carpetas de investigación relacionadas con el periodismo y la defensa de los derechos humanos. De estas, 18 correspondían a amenazas, identificadas como el delito más frecuente.
A nivel nacional, de los 49 homicidios de periodistas cometidos entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021, únicamente cinco habían obtenido sentencia, de acuerdo con los datos citados en el documento.
Estas cifras reflejan las dificultades para garantizar justicia ante las agresiones contra el gremio y subrayan la importancia de investigar los hechos, sancionar a los responsables y prevenir nuevas violencias.
Valles Centrales concentra quejas

El informe también identifica una concentración territorial de las denuncias presentadas ante la DDHPO. Entre marzo de 2023 y julio de 2026, 28 de los 30 expedientes de queja relacionados con personas periodistas provinieron de la región de Valles Centrales.
La información fue integrada por la Defensoría a partir de datos de Artículo 19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía estatal y sus propios registros institucionales.
El organismo destaca que proteger el ejercicio periodístico resulta fundamental para preservar la libertad de expresión y el derecho colectivo a la información, pues cada agresión limita también la posibilidad de que la sociedad conozca y cuestione los asuntos que afectan su vida pública