Oaxaca se ubica como uno de los estados con mayor conflictividad agraria en México: hasta julio de 2025 se contabilizan 261 conflictos latentes, según cifras oficiales de la Secretaría de Gobierno del estado, de los cuales 189 son de bajo riesgo, 49 de mediano y 23 de alto riesgo. Esta situación evidencía la persistencia de disputas históricas y la necesidad urgente de mecanismos efectivos de resolución.
Las regiones más afectadas por estos conflictos agrícolas son Valles Centrales, Mixteca, Sierra Sur e Istmo de Tehuantepec. Entre 2023 y julio de 2025, Oaxaca logró 43 convenios de paz entre comunidades para resolver disputas territoriales, aunque la mayoría de estos corresponden a conflictos de bajo riesgo. Mientras tanto, los conflictos de alto riesgo siguen generando violencia, muertes, desplazamientos y tensiones constantes entre vecinos agrarios.
Las causas detrás de esta proliferación son múltiples. Temas de límites territoriales siguen siendo el motivo más común. Además, la mezcla de disputas históricas, sistemas de propiedad social complejos (con más de 1,500 núcleos agrarios, entre ejidos y comunidades agrarias) y la escasa actualización de registros comunales o padrones de comuneros complican la definición de linderos y derechos. También se suma la intromisión de intereses externos en recursos naturales valiosos, como madera o minerales, lo que añade una capa de violencia vinculada a actores criminales.
Para enfrentar esta crisis, el gobierno de Oaxaca ha puesto en marcha la Mesa de Inteligencia Agraria; una instancia de coordinación municipal, estatal y federal que atiende actualmente 12 conflictos identificados como prioritarios. Asimismo, se han resuelto disputas agrarias en los últimos años, destacándose casos de larga data como Santa Cruz Zenzontepec vs. Santiago Amoltepec, con más de 50 años de contienda.
Resolver estos conflictos no solo implica pacificar territorios, sino garantizar derechos agrarios, protección comunitaria, y estabilidad social en zonas históricamente vulnerables.