Oaxaca tipifica delitos por desplazamiento forzado interno
Salina Cruz
Fecha: 29-09-2025
En septiembre de 2025, Oaxaca dio atención al desplazamiento forzado interno con el inicio del retorno de 153 familias de la agencia Guadalupe Victoria, en San Juan Juquila Mixes, tras ocho años de exilio ocasionado por un conflicto agrario con San Pedro Ocotepec. El proceso, acompañado por el gobierno estatal y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), representa la esperanza de reconstrucción para 471 personas que fueron obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia por límites de tierras.
El fenómeno del desplazamiento forzado en Oaxaca no es nuevo. Un informe de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) documenta que entre 2010 y 2023 fueron identificadas 4,499 personas desplazadas, tanto de manera individual como colectiva. En ese lapso se iniciaron 156 expedientes, de los cuales 142 correspondieron a comunidades indígenas. Los principales motivos detectados fueron diferencias religiosas, conflictos por tierras y territorios, disputas en torno al nombramiento de autoridades y hechos de violencia.
El conflicto agrario entre San Juan Juquila Mixes y San Pedro Ocotepec, iniciado en 1975, ha provocado múltiples episodios de desplazamiento en la región. En 2025, las autoridades implementaron un protocolo histórico respaldado por la aprobación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Esta norma convierte a Oaxaca en la primera entidad en tipificar como delitos el desplazamiento arbitrario y la negativa a garantizar el retorno de las familias.
La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) celebró que el Congreso local, por unanimidad, respaldara la construcción de este marco jurídico impulsado por el gobierno de Salomón Jara Cruz. Con esta decisión, Oaxaca se convirtió en el quinto estado del país en contar con una legislación en la materia, pero el primero en elaborarla a través de un proceso de consulta con las comunidades afectadas, consolidando un paso decisivo en la atención a una deuda histórica.
