Oaxaca: violencia e impunidad silencian voces que protegen la vida

En los primeros dos años y medio de la administración de Salomón Jara Cruz, un monitoreo colectivo llamado "Alas y Raíces, 2025" documenta 114 agresiones contra movimientos y personas defensoras del territorio en Oaxaca ?44 agresiones individuales y 70 acciones colectivas?, de las cuales 32 terminaron en asesinatos; siendo la criminalización (31 registros), el hostigamiento (29 registros) y homicidios (25 registros) los tipos de agresiones con mayor incidencia, los cuales representan el 73.6% de las agresiones cometidas.

Quienes integran ese grupo de defensoras y defensores son mayoritariamente personas indígenas, campesinas, mujeres y organizaciones comunitarias que se oponen a megaproyectos, la extracción de recursos y el despojo de tierras comunales; también hay activistas ambientales y promotores de derechos humanos que defienden bosques, ríos y formas de vida comunitaria. Sus denuncias y resistencias se han concentrado en regiones como el Istmo de Tehuantepec, la Mixteca, la Sierra Sur y la Costa, donde las tensiones por tierras y megaproyectos son persistentes.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) ?proyecto federal para modernizar puertos, ferrocarril y parques industriales en el Istmo? aparece como uno de los ejes de conflicto: comunidades lo acusan de impulsar despojo, presión y procesos penales contra opositores; organismos de derechos y plataformas que siguen empresas han documentado casos de criminalización vinculados al proyecto.

¿Por qué se repite la violencia sin consecuencias? Las organizaciones que elaboraron el informe señalan un cóctel de factores: desde impunidad estructural, falta de investigaciones efectivas, complicidades locales entre actores sociales y grupos armados, hasta prácticas de criminalización que buscan desactivar la protesta social. Casos recientes como el hallazgo de cuerpos de activistas desaparecidos han puesto en evidencia la lentitud y vacíos en las indagatorias. Además, el mayor agresor denunciado son las autoridades estatales con el 24.6 por ciento de los casos, seguidas de los poderes fácticos con 22.8% y las autoridades federales con 21.1 por ciento, lo que deja una incertidumbre sobre la verdadera eficacia de su seguridad.

Las comunidades han respondido con movilizaciones, foros regionales, caravanas a la Ciudad de México, creación de redes de protección comunitaria y denuncias públicas. El informe "Alas y Raíces, 2025" dibuja a Oaxaca como un territorio con defensores en riesgo, en un Estado que no ha frenado la violencia ni garantizado justicia para las víctimas.