La Operación Sable arrancó desde el 15 de febrero de 2025 en la región del Istmo de Tehuantepec como un operativo interinstitucional, anunciada oficialmente para proteger el Corredor Interoceánico; el cual atraviesa 79 municipios, de los cuales 46 están en Oaxaca, una zona prioritaria para las fuerzas federales por su relevancia logística y su vulnerabilidad ante el crimen organizado.
Según comunicados de la propia Fiscalía, en los primeros meses la operación dejó la detención de más de 40 "objetivos prioritarios" y, más adelante, el conteo oficial ascendió hasta mencionar más de 80 detenciones atribuibles a la operación; además la Fiscalía afirmó una reducción del 50% en homicidios dolosos en el Istmo al pasar de 38 a 16 homicidios mensuales tras su implementación. En la práctica, la presencia y las acciones han continuado durante noviembre de 2025 incluida una intensificación con apoyo de hasta 500 elementos y detenciones vinculadas a la célula conocida como "Los Cromos". Eso pone en evidencia que el dispositivo sigue activo y enfocado en plazas concretas como Juchitán, Salina Cruz y Matías Romero.
Pero la otra cara es la justicia efectiva. La Fiscalía ha publicado vinculaciones a proceso puntuales; sin embargo, no existe en la publicidad oficial un padrón consolidado que indique qué proporción de los detenidos prioritarios fueron formalmente vinculados a proceso y cuántos han avanzado a sentencia.
En la calle la percepción ciudadana sigue siendo de inseguridad; marchas y reportes locales denuncian que los hechos violentos persisten en municipios de foco rojo como Juchitán, lo que obliga a preguntar si los golpes operativos desarticulan la delincuencia o simplemente desplazan la violencia.
A su vez, colectivos y la sociedad mantienen quejas señalando la falta de resultados tangibles del operativo de seguridad ante la continuidad de crímenes de alto impacto, e insisten en que la presencia militar no sustituye episodios de transgresiones, extorsión y temor.