El homicidio del director jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas reveló que el punto de revisión de alcohol instalado en ese municipio funcionaba fuera de la ley, sin permisos oficiales ni supervisión estatal.
Autoridades confirmaron que el llamado alcoholímetro no contaba con autorización ni cumplía con las reglas básicas establecidas para este tipo de operativos, lo que generó un escenario de alto riesgo que terminó en un hecho fatal.
El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, explicó que dicho operativo fue colocado sin coordinación con el mando de seguridad metropolitano ni con instancias estatales, y tampoco seguía los lineamientos del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.
Aclaró que, aunque inicialmente se dijo que el funcionario asesinado estaba a cargo del alcoholímetro, en realidad se trataba de una acción improvisada y sin respaldo institucional. Detalló que los alcoholímetros que sí están autorizados en municipios como Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán operan bajo vigilancia permanente de corporaciones estatales y órganos de control, precisamente para evitar abusos, errores y situaciones violentas.
En el caso de San Jacinto Amilpas, esa falta de control dejó expuestos tanto a la ciudadanía como a los propios trabajadores municipales. El funcionario estatal lamentó el asesinato y confirmó que la Fiscalía de Oaxaca mantiene abierta una investigación para esclarecer el crimen y fincar responsabilidades.
Añadió que minutos antes del homicidio se registró un incidente violento durante el operativo y que posteriormente personas armadas regresaron al lugar para atacar al servidor público. Finalmente, el Gobierno del Estado advirtió que se revisarán los operativos municipales para impedir que se repitan acciones ilegales que pongan en peligro la vida de las personas.