En un llamado urgente, 33 organizaciones, colectivos y redes de la sociedad civil presentaron el informe "Situación sobre el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el estado de Oaxaca", el pasado 9 de mayo durante la visita de la Embajada de los Países Bajos a la capital oaxaqueña.
El documento denuncia una profunda crisis estructural de derechos humanos en la entidad, con agresiones sistemáticas a pueblos indígenas y afromexicanos, un incremento en feminicidios, crímenes de odio, desplazamientos forzados, crisis en el sistema de salud, y deterioro ambiental provocado por actividades extractivas.
El informe subraya que Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, con 58 casos registrados, 55 de ellos pertenecientes a pueblos indígenas. Las organizaciones responsabilizan a la actual administración de la intensificación de estos agravios y exigen al gobernador Salomón Jara Cruz garantizar la protección efectiva de la población.
Entre los principales señalamientos están los conflictos agrarios, megaproyectos en territorios indígenas, desplazamientos forzados, y violencia estructural contra mujeres, niñas y personas trans. Tan solo durante la presente administración, el Observatorio sobre el Feminicidio de GESMujer ha documentado 237 asesinatos violentos de mujeres, mientras que en 2024 se reportaron 11 crímenes de odio.
También se denuncia la grave crisis del sistema de salud, particularmente en el Hospital Civil, y los impactos ambientales derivados de las 294 concesiones mineras vigentes hasta 2020. A ello se suma que más del 70% de los municipios del estado enfrentaron sequías severas o extremas durante 2024.
Las organizaciones exigen justicia para las personas defensoras asesinadas y desaparecidas, atención efectiva a la violencia de género, fortalecimiento del liderazgo de mujeres indígenas y afromexicanas, y una actuación imparcial del sistema de justicia.