Iberdrola, la gran eléctrica española que operó en el Istmo de Tehuantepec durante más de dos décadas, ha completado en los últimos años una salida gradual de México: en 2023-2024 acordó y cerró la venta de la mayor parte de su negocio local; un paquete por alrededor de 6,000 millones de dólares y, en 2025, acordó la venta del resto de sus 15 plantas a la empresa española Cox por cerca de 4,2 millones de dólares, lo que marca su retiro definitivo del mercado mexicano.
Esa desinversión ocurre en una región donde la presencia eólica es masiva: el Istmo de Tehuantepec estudios y mapeos civiles indican de 28 a 29 parques eólicos, con una capacidad regional cercana a 2,500-2,800 megavatios, la cual se reparte en 1,580 aerogeneradores instalados hasta el momento. El área que ocupan estos parques corresponde a una superficie de 31 mil hectáreas (ha).
¿Por qué preocupa la venta? Porque los contratos firmados con Iberdrola; plazos, montos y obligaciones ambientales o sociales no desaparecen automáticamente, pero sí pueden ser renegociados o reinterpretados por el comprador. Campesinos y arrendatarios del Istmo han expresado temor sobre pagos, condiciones y compensaciones si la nueva propietaria decide modificar acuerdos o impone nuevas cláusulas. En la región existe además un historial de conflictos: denuncias por falta de consulta previa, demandas para anular contratos de renta y procesos judiciales que han cuestionado la validez de ciertos convenios.
Legalmente, los arrendamientos y convenios agrarios se rigen por la Ley Agraria y por principios de derecho civil: los derechos ejidales están protegidos, pero la venta de activos puede implicar la transmisión de obligaciones al comprador salvo que el contrato establezca lo contrario, la garantía real depende de lo firmado, del registro público y de la presión política y judicial.
En la práctica, la mejor defensa para los pobladores es exigir documentación, revisar pagos y acuerdos, así como buscar asesoría legal especializada para defender sus derechos.