Se entiende por discapacidad a la consecuencia de una deficiencia o limitación en una persona que, al interactuar con barreras propias del entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
De acuerdo con el análisis de Situación habitacional de las personas con discapacidad en México por la Comisión Nacional de Vivienda, Oaxaca se encuentra dentro de los estados con el mayor porcentaje de población de 5 años o más con discapacidad.
Y en el estado, las personas con discapacidad siguen ganando y participando menos en el mercado laboral. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, publicada recientemente por el INEGI, muestra que el ingreso monetario trimestral promedio por persona perceptora con discapacidad en Oaxaca fue de $16,155, contra $20,264 entre quienes no reportan discapacidad: una brecha cercana al 20 %. El propio desglose estatal indica que los ingresos caen todavía más cuando la limitación es cognitiva o psicosocial; como "recordar o concentrarse" o "limitación emocional/mental", con promedios de $14,491 y $10,101 trimestrales, respectivamente.
El problema no se explica solo por salarios, es también acceso al trabajo. A nivel nacional, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 reporta que solo 40.6 % de las personas de 15 años o más con discapacidad participa económicamente frente a 68 % sin discapacidad, una brecha que en estados con alta informalidad, como Oaxaca, se traduce en menos seguridad social y prestaciones.
Gran parte de los empleos disponibles para personas con discapacidad tienden a ser por cuenta propia o sin contrato, con prestaciones limitadas.
Las barreras no son solo laborales. En educación, 46 de cada 100 personas de 5 a 29 años con discapacidad asistieron a la escuela en 2023, contra 60 de cada 100 en la población sin discapacidad; entre adultos con discapacidad, 14.9% no tiene escolaridad y predominan trayectorias truncas, lo cual limita el acceso a empleos mejor pagados. A esto se suman obstáculos físicos (accesibilidad deficiente), culturales (estigmas en contratación) y la falta de adaptaciones en centros de trabajo.
El gobierno estatal ha lanzado ferias y jornadas de empleo con cupos específicos y un programa llamado "Trabajo sin Límites", además de haber actualizado en 2024 la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad para fortalecer obligaciones públicas y privadas. Son pasos útiles, pero de poco alcance frente a la magnitud del reto.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad sigue siendo una promesa más que una realidad; este estigma pega especialmente al buscar empleo y pedir ajustes razonables, lo que reduce opciones formales y estables.