Poder Judicial de Oaxaca en transición: promesas, reformas y expectativas

En marzo de 2025, la LXVI Legislatura de Oaxaca aprobó una reforma al Poder Judicial que implicó una reducción de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, pasando de 28 a 16, además se ha nombrado a la magistrada Érika María Rodríguez Rodríguez como presidenta interina; en sus primeros pronunciamientos prometió transparencia y un Poder Judicial "más cercano al pueblo", pero su gestión será evaluada en la práctica cuando comience la redistribución de cargos y se active el calendario. Es decir, la totalidad de los nuevos cargos, incluidas magistraturas, juezas y jueces de primera instancia y laborales, se renovará mediante elección popular en 2027.

La Constitución local fue modificada para establecer que el Tribunal Superior estará integrado por 16 magistradas y magistrados; todos, excepto la presidencia, formarán parte de una sala colegiada. Además, se definieron mecanismos de paridad de género y concurso público de oposición como requisito para los nombramientos. La administración judicial quedará bajo supervisión de un órgano de administración autónomo, mientras que la disciplina del personal quedará a cargo de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

En cuanto a los juzgados de primera instancia y los laborales, se prevé su reorganización territorial y especialización temática. La Ley Orgánica establecerá el número de distritos judiciales y competencias por materia con el objetivo de acercar más la justicia a comunidades locales, incluyendo la perspectiva de género en el accionar de jueces y juezas.

La relación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca se enmarca en un nuevo contexto institucional donde la elección popular se convierte en el mecanismo principal para nombrar jueces. A nivel nacional, la reforma federal redujo la Suprema Corte de 11 a 9 ministros y estableció que gran parte de los cargos judiciales se elijan por voto ciudadano en procesos celebrados en junio de 2025; lo que abrió un escenario institucional inédito, ahora, Oaxaca enfrentara el reto de la implementación efectiva de mecanismos de selección, distribución de juzgados y políticas de inclusión que reflejen la diversidad y exigencia de justicia en el estado.