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08 de Mayo del 2024
Política

Presidenta inhabilitada del IEEPCO, denuncia campaña de persecución judicial

Presidenta inhabilitada del IEEPCO, denuncia campaña de persecución judicial

González, denunció una campaña de persecución política y judicial en su contra, así como una presunta medida cautelar de prisión preventiva por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca.

"Estas acciones afectan mis derechos y ponen en riesgo la estabilidad del órgano electoral encargado de organizar el Proceso Electoral 2023-2024 en Oaxaca".

Sánchez González, señaló al Encargado de Despacho de la Contraloría General del órgano, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, por iniciar una persecución administrativa y política en su contra, acusando la utilización del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca por obstruir el ejercicio de sus derechos político electorales.

"Salvador Cruz Rodríguez ha intentado en cuatro ocasiones removerme del cargo de Presidenta del Consejo General del IEEPCO".

A través de un comunicado, señaló a la Fiscalía Anticorrupción de no cumplir con su obligación, ya que le está trasladando la obligación de generar una copia física de su carpeta de investigación, recalcando esta acción como una violación a su derecho de acceso pleno a la misma.

"Lo más peligroso de todo esto, es que la unidad de medidas cautelares determinó que yo represento un riesgo alto para la sociedad, los testigos y la víctima (que curiosamente es el Contralor). Por ello, el que se me imponga una medida cautelar consistente en la prisión preventiva y me priven de mi liberad es inminente".

Por ello, hizo un llamado urgente a organizaciones de la sociedad civil y a los organismos internacionales de derechos humanos, pues asegura que lo que le está ocurriendo es una violación grave al sistema que debería proteger de los abusos del Estado.

Elizabeth Sánchez indicó que están haciendo uso de diversas instituciones públicas para impedir a toda costa que ejerza el cargo, está preparando una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de que sea resguardada su integridad, vida, trabajo, libertad personal, así como la de su familia y colaboradores.






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