Estudiantes de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca han protagonizado protestas en los últimos meses para exigir la eliminación o condonación de cuotas de inscripción y la apertura de más espacios. Grupos como la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM) y movimientos de aspirantes rechazados llevaron impresos recibos y órdenes de pago para denunciar montos que, según afectados, llegan hasta 25, 30 e incluso "hasta 40,000 pesos" en algunas facultades, con la Facultad de Medicina entre las más señaladas.
La universidad responde que las cuotas de admisión "se pagan una sola vez" y que sus montos son fijados por los Consejos Técnicos de cada unidad académica, según la naturaleza de los programas; la Secretaría Académica y oficinas de Admisión también han defendido que la oferta de lugares está limitada por la capacidad de atención y que aumentar matrícula requiere decisiones de instancias internas y externas.
Estas realidades hacen que el rezago educativo sigua siendo una de las principales carencias sociales en Oaxaca donde el nivel educativo promedio es de 8.1 años, inferior al promedio nacional de 9.7 años, afectando especialmente a las comunidades indígenas y rurales.
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reporta que Oaxaca figura entre las entidades con mayor proporción de población indígena representando el 26.3% de su población total, donde aproximadamente el 70% vive en situación de pobreza. Esto se agrava cuando el 47.8% de los habitantes del estado viven en localidades rurales, zonas donde las condiciones de vulnerabilidad hacen del costo de una inscripción una barrera real de acceso.
Las protestas estudiantiles han ido acompañadas de llamados a la presentación de amparos colectivos para reclamar el derecho a la educación gratuita. En la vía judicial ya hay antecedentes: en casos documentados, tribunales han dictado resoluciones que obligaron a inscribir a aspirantes y a devolver cuotas en situaciones particulares
En términos prácticos, los amparos pueden forzar la inscripción de aspirantes que no pagaron, obligar a la universidad a justificar las cuotas o, en fallos favorables, sentar un precedente para limitar cobros futuros; sin embargo, los procesos son lentos y no resuelven de inmediato la exclusión de quienes no pueden pagar hoy.