Reforma nacional exige tratamientos sin excusas ni retrasos

El debate nacional sobre la salud pública volvió a centrarse en la atención de pacientes con cáncer, luego de que una nueva iniciativa legislativa buscara blindar el derecho a los tratamientos y evitar que se repita la crisis de desabasto que ha golpeado a miles de familias en el país. La diputada federal panista Claudia Quiñones presentó una propuesta de reforma a la Ley General de Salud que plantea un cambio inédito: incorporar un capítulo específico que obligue al Estado a garantizar el suministro permanente de medicamentos oncológicos y el seguimiento médico sin interrupciones para todas y todos los pacientes.

La iniciativa establece que, si las instituciones públicas de salud no entregan los fármacos requeridos en un plazo máximo de 21 días, el gobierno federal tendría la obligación legal de cubrir en su totalidad la atención y el tratamiento en hospitales privados. La propuesta surge como respuesta a la escasez persistente de fármacos oncológicos registrada en diversos estados, entre ellos Oaxaca, y retoma intentos similares que anteriormente fueron rechazados en comisiones de la Cámara de Diputados. Aunque esta nueva versión ya fue turnada a análisis y dictamen, el problema ha sido recurrente pese a que el gobierno asegura que el abasto está garantizado mediante los mecanismos del IMSS-Bienestar desde 2024.

En Oaxaca, la gravedad quedó expuesta en febrero, cuando organizaciones alertaron que cerca de 140 menores con cáncer estaban en riesgo por falta de quimioterapias debido al agotamiento de claves esenciales, contradiciendo los informes oficiales.

Si bien existen precedentes legales para contratar servicios privados cuando los hospitales públicos no pueden cubrir la demanda, su viabilidad en Oaxaca enfrenta la limitada capacidad para tratamientos complejos, la necesidad de especialistas y un presupuesto estable.

Según la Secretaría de Salud, el cáncer es la tercera causa de muerte en México: se detectan en promedio 195 mil nuevos casos al año, alrededor de 30 mil de mama y 27 mil de próstata. Si la reforma avanza y se aplica plenamente, podría reducir las demoras en tratamientos y evitar muertes que hoy son prevenibles.