Regresa verificación vehicular en Oaxaca, entre multas y dudas ciudadanas

La verificación vehicular está de regreso en la agenda pública de Oaxaca y desde este año volvió a ponerse como obligación real para la ciudadanía oaxaqueña. Por instrucción de la Secretaría de Medio Ambiente y la autoridad estatal; El Programa Obligatorio de Verificación Vehicular ha existido en la entidad desde años atrás y recibió una última reforma administrativa el 5 de agosto de 2024, tras la cual su operación se retomó con más énfasis en 2025.

Esa historia administrativa importa porque figura como herramienta de política pública para controlar emisiones y proteger la salud pública, mediante la inspección y el mantenimiento periódico de los vehículos para que no rebasen los límites máximos permisibles establecidos en normas oficiales. La verificación se realiza dos veces al año y, según las normas fiscales estatales, la evaluación del primer semestre se vincula al pago de la tenencia esto significa que quienes están al corriente en la tenencia llevan cubierta esa evaluación, mientras que la segunda evaluación sí implica un pago adicional en su momento.

Actualmente el trámite podrá hacerse en 14 Centros de Verificación distribuidos en las cinco grandes regiones de Oaxaca.

En la teoría, 14 puntos parecen un despliegue razonable, pero en la práctica regional esto se ve diferente. En el Istmo y concretamente en Salina Cruz figura un único Centro de Verificación (CVV-18) con horario de atención establecido, lo que explica por qué la gente planifica su día entero para lograr verificar a tiempo.

¿14 centros son suficientes si en municipios clave sólo hay una máquina funcionando? La logística sugiere que no. siempre está clara para la gente que tiene que hacer fila bajo el sol y perder jornadas laborales para cumplir con un requisito estatal; que de no ser así se pueden recibir sanciones de hasta 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); es decir puede equivaler a unos 20 días de salario mínimo (aprox. $4,978.6 MXN) y no aprobar dentro del plazo a unos 10 días.

Esas cifras son contundentes y explican la prisa de quien no quiere exponerse a multas que, para muchas familias, son significativas. También ayudan a entender por qué el gobierno optó por ampliar plazos y, en algunos momentos, posponer la imposición de sanciones.

Sin embargo, sigue sin aclararse el destino del dinero recaudado. Aunque oficialmente se argumenta que el objetivo es ambiental, no existe un desglose público que muestre programas de mejora del aire o fondos ambientales. En términos jurídicos, los ingresos se integran a la hacienda pública estatal y están sujetos al marco fiscal vigente, pero falta que la autoridad publique reportes claros sobre los recursos obtenidos y su uso, lo que mantiene la desconfianza ciudadana sobre la verdadera aplicación del programa.