El robo de infraestructura de servicios básicos, como cables de energía eléctrica, telecomunicaciones, tuberías de agua potables, coladeras metálicas, etc, se ha convertido en un delito con mayor presencia en entidades del país, pero poco denunciado y combatido.
En el estado de Oaxaca, en los últimos 5 años, solo se cuenta con 26 denuncias por robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos, cifras que contratas con los reportes de organizaciones y administradores de oficinas de servicios públicos.
En la capital oaxaqueña, el presidente del grupo Salvando Vidas, Manuel Chávez Núñez, reportó que hasta este 2025, el proyecto social altruista, ha tapado un promedio de 450 registros, solo en el centro histórico, las cuales regularmente son objetos de robos, por el valor comercial de los metales, sin embargo, estima que existen más de 190 registros sin tapas.
Con respecto a la comisión estatal el agua y el servicio de alcantarillado, responsables de las dependencias estiman que el 25% de tapas de registros y alcantarillas son robadas, y remplazarlas cuestan en promedio 5 mil pesos cada una; mientras que, en medidores y tuberías de agua, se denuncian hasta 25 robos por semana en municipios como Juchitán, generando graves afectaciones a la población.
Mientras que en el robo de cable, empresarios de Salina Cruz, reportan hasta 400 metros robados al día, en el mes de junio se reportaron en promedio 7 mil metros hurtados, principalemnte de material de cobre, de la Comisión Federal de Electricidad.
Pese a las normativas vigentes, con sanciones dos a seis años de prisión a quienes roben tapas y coladeras, o 5 a 10 años en el robo de cables, estos delitos siguen sin ser denunciados, ya sea por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades, permitiendo a sus perpetradores, seguir actuando con total impunidad, ya que los gastos de sus acciones, siguen siendo absorbidos por particulares, empresas y el estado, provocando un enorme daño patrimonial.