“Sal de Estados Unidos”: cartas amenazan a menores migrantes

Una serie de cartas enviadas por la Administración Trump a niñas, niños y adolescentes inmigrantes ha causado indignación entre familias y defensores de derechos humanos en Illinois.

Los menores, que entraron legalmente a Estados Unidos bajo un programa humanitario en 2014, han recibido notificaciones que los instan a abandonar el país de inmediato, bajo amenaza de deportación, multas y procesos penales.

"Es hora de que salgas de Estados Unidos", inicia una de las cartas, dirigida directamente al menor. Según el documento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) canceló su permiso de entrada condicional, por lo que, si no sale del país de forma voluntaria, será sujeto a medidas que pueden incluir su arresto y repatriación forzada. También se advierte que el Gobierno "lo encontrará" si intenta permanecer en territorio estadounidense.

La situación afecta principalmente a menores de origen mexicano en el área de Waukegan, Illinois, donde decenas de familias reportan haber recibido este tipo de cartas. Aunque estos niños ingresaron legalmente como "menores no acompañados" y luego se reunieron con sus padres o familiares en Estados Unidos, legalmente no pueden ser representados por ellos en tribunales de inmigración, lo que los deja en una situación de extrema vulnerabilidad.

Para activistas y líderes comunitarios, estas acciones representan un retroceso alarmante. La pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope, afirmó que se trata de una medida sin precedentes. "Estos niños no son criminales. Son víctimas de violaciones de derechos humanos. Incluso si el ICE no actúa de inmediato, la amenaza por sí sola les causa un trauma psicológico enorme", señaló.

En algunos casos, madres y tías han acompañado a los menores a refugiarse en iglesias que funcionan como espacios de protección. En otros, los menores han quedado completamente solos. "Estados Unidos está perdiendo su humanidad. Las iglesias ya no ofrecen garantías", lamentó Contreras.

Desde hace meses, organizaciones civiles denuncian un desmantelamiento silencioso del sistema de protección infantil para migrantes. La ley establece que los menores no acompañados deben ser resguardados por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y contar con permiso humanitario, pero cada vez más de estos permisos están siendo cancelados.

A esto se suma el recorte de fondos para abogados defensores, lo que ha limitado gravemente la posibilidad de que los menores tengan representación legal.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Tan solo en abril pasado, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8 mil 300 niños de 11 años o menos. Desde enero, cuando Trump retomó la presidencia, más de 53 mil menores han recibido órdenes de deportación. De ellos, alrededor de 15 mil eran menores de 4 años, otros 20 mil tenían entre 4 y 11, y los 17 mil restantes eran adolescentes.

Líderes comunitarios exigen al Gobierno frenar estas medidas y restablecer por completo los mecanismos de protección y asistencia legal. Mientras tanto, el temor crece entre las familias migrantes que, una vez más, ven amenazada la seguridad de sus hijos.