Santa Cruz defiende tierras comunales y rechaza acusaciones de despojo

Las autoridades agrarias y comunitarias de Santa Cruz defendieron la desocupación de terrenos comunales señalados como invadidos por particulares, al asegurar que la medida respondió a acuerdos de asamblea y tuvo como objetivo proteger el patrimonio colectivo y las áreas de reserva ambiental.

En un comunicado difundido este domingo, la Agencia de Policía de Santa Cruz, el Comisariado de Bienes Comunales y la Asamblea General de Comuneros rechazaron las versiones que califican la intervención como arbitraria o como un acto de despojo. Sostuvieron que sus decisiones se apegan a los sistemas normativos internos del pueblo Ayuujk (Mixe).

Acuerdos comunitarios respaldan la recuperación territorial

Según el documento, las determinaciones para resguardar las tierras de uso común quedaron asentadas en las actas de las asambleas del 15 de febrero y 19 de abril de 2026, como continuidad de acuerdos adoptados desde 2006, 2010 y 2013.

Las autoridades señalaron que las familias Vargas, Jiménez Díaz y Gutiérrez participaron en reuniones comunitarias relacionadas con la ocupación de terrenos ubicados en zonas de reserva. Afirmaron que durante el proceso se respetaron el derecho de audiencia y el debido proceso, conforme a sus normas internas.

La recuperación incluyó espacios donde se encuentra el basurero comunitario y otras áreas destinadas a la preservación. De acuerdo con el comunicado, fueron retiradas construcciones provisionales deshabitadas, presuntamente utilizadas para justificar la posesión de esos terrenos.

Autoridades niegan desplazamientos y anuncian defensa legal

Las instancias comunitarias aseguraron que ninguna familia fue expulsada de la población. Indicaron que las personas involucradas conservan sus derechos comunitarios y que las viviendas de quienes habitaban efectivamente la zona permanecieron intactas.

Para sustentar su postura, invocaron el artículo 2 de la Constitución federal, el artículo 16 de la Constitución de Oaxaca y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, además de la legislación estatal sobre derechos indígenas.

Finalmente, anunciaron que emprenderán las acciones jurisdiccionales necesarias para defender su autonomía y pidieron a medios de comunicación e instituciones públicas evitar la estigmatización de sus formas de organización. Reiteraron que la protección territorial busca preservar los bienes comunes para las generaciones presentes y futuras.