Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca ha retomado movilizaciones y emitido comunicados ante lo que consideran respuestas parciales e insuficientes del gobierno a sus demandas, advirtiendo que podrían implementar paros escalonados y marchas si no se concretan acuerdos claros.
Recientemente, docentes del área de Supervisores y Jefes de Sector de la Sección 22 realizaron bloqueos en la ciudad de Oaxaca para exigir el pago de salarios caídos a más de 100 trabajadores. Los inconformes señalaron que, aunque la Federación destinó recursos millonarios para cubrir estos pagos, no se han entregado, por lo que demandan información sobre el destino de los fondos por parte del gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz.
Por su parte, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, aseguró que la administración estatal ha atendido puntualmente las demandas de la Sección 22 y que las recientes protestas en la capital no reflejan los avances alcanzados. Durante la mesa tripartita celebrada el 25 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los supervisores y jefes de sector serán beneficiados al 100 por ciento con parte de los 800 millones de pesos autorizados por el gobierno federal para su regularización, lo que requerirá una inversión anual de 109 millones 253 mil 700 pesos.
Este proceso se realiza debido a que, en diciembre de 2023, la Sección 22 no incluyó a este personal en la distribución de 700 millones de pesos destinados por la Federación. Hasta la fecha, en coordinación con la SEP, se han resuelto favorablemente 43 casos en distintos niveles educativos. Por ello, la autoridad considera que los plantones carecen de fundamento, ya que las mesas de negociación permanecen abiertas y la mayoría de las solicitudes han sido atendidas.
Aunque el magisterio estableció un calendario escolar propio con entrada anticipada, esta medida no compensa los impactos que las movilizaciones y retrasos generan en la educación de los estudiantes que de nueva cuenta podrían quedarse sin clases si las movilizaciones escalan.