¿Seguro para catástrofes en Oaxaca?
La preparación financiera del estado de Oaxaca para enfrentar desastres naturales presenta desafíos significativos.
En 2024, el gobierno de Oaxaca asignó un seguro catastrófico de hasta 99 millones de pesos para desastres naturales, monto que se mantuvo vigente a pesar de recortes presupuestales. Sin embargo, esta cifra representa una fracción de los recursos necesarios para una respuesta efectiva ante eventos de gran magnitud.
Históricamente, la entidad ha requerido montos significativamente mayores para la reconstrucción tras desastres. Por ejemplo, en 2017, se destinaron tres mil millones de pesos para acciones de reconstrucción, de los cuales el gobierno estatal aportó mil 500 millones autorizados por el Congreso local como solicitud de deuda a largo plazo.
A nivel municipal, la situación es aún más crítica. En 2023, menos del 30 por ciento de los municipios contaba con cobertura para daños por fenómenos naturales. Esta falta de aseguramiento deja a muchas comunidades expuestas y dependientes de recursos estatales o federales en caso de emergencias.
Además, la ausencia de Consejos Municipales de Protección Civil en varios municipios limita la capacidad de respuesta efectiva ante desastres. En el Istmo de Tehuantepec, una región especialmente vulnerable, 20 municipios carecen de estos consejos, lo que compromete la seguridad de las comunidades.
Tras la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) en 2020, el gobierno federal adquirió un seguro de daños ocasionados por desastres naturales que ofrece cobertura hasta por 5 mil millones de pesos, activándose ante desastres que superen un nivel mínimo de daños de 275 millones de pesos.
Además, se renovó la cobertura contra terremotos y huracanes a través de cuatro bonos catastróficos, por un monto de 595 millones de dólares hasta el 2028, ofreciendo protección financiera ante pérdidas derivadas de estos fenómenos.
Sin embargo, estos mecanismos presentan deducibles operativos diferenciados por sector y un deducible agregado anual de 750 millones de pesos, lo que podría limitar la rapidez y eficacia en la asignación de recursos en caso de múltiples eventos en un mismo año.
