Senado aprueba reforma al amparo: crece la polémica nacional

El Senado de la República aprobó en septiembre de 2025 una reforma a la Ley de Amparo que ha generado controversia por sus implicaciones. Esta modificación busca limitar el uso del juicio de amparo, argumentando que ha sido utilizado en exceso por actores con recursos para evadir responsabilidades.

En Oaxaca, donde la defensa de los derechos territoriales y ambientales es una prioridad para muchas comunidades, la reforma ha generado inquietud.

En 2024 al menos 11 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca presentaron un amparo colectivo contra concesiones mineras (proyecto San José) y obtuvieron suspensión cautelar; demás, comunidades del Istmo (Juchitán / La Ventosa) han obtenido suspensiones en controversias sobre parques eólicos en años recientes. Estos procesos muestran que las comunidades usan el amparo para frenar obras mientras litigaban; con la nueva ley, conseguir esas suspensiones sería más difícil.

Un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en ese mismo año documento 94 eventos de agresión contra personas y comunidades defensoras de derechos ambientales en México y 25 asesinatos; mientras que Oaxaca concentró 42 incidentes y al menos 2 ejecuciones extrajudiciales. Lo que ejemplifica que reducir herramientas como las suspensiones agrava la vulnerabilidad de quienes defienden su territorio.

Otro de los principales cambios propuestos, es la digitalización de los juicios de amparo, lo que permitiría un proceso más ágil y accesible. Sin embargo, esta medida también ha sido criticada por excluir a más de 20 millones de personas en México que carecen de acceso a internet, muchas de ellas en zonas rurales de Oaxaca, lo que podría limitar su derecho a la justicia

El gobernador Salomón Jara ha respaldado la reforma, considerándola una herramienta para combatir la impunidad y fortalecer el juicio de amparo como un escudo para el pueblo. Sin embargo, juristas y defensores de derechos humanos califican estas reformas como limitantes para la defensa ciudadana y su acceso a la justicia.