Sin esclarecer, los homicidios de ediles en Oaxaca
Seguridad

Sin esclarecer, los homicidios de ediles en Oaxaca

Por: Nahomi Flores
Salina Cruz
Fecha: 11-11-2025

La violencia política volvió a sacudir a Oaxaca con el asesinato de la regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urbán Ceballos, quien fue atacada a balazos el 6 de noviembre de 2025 en la comunidad de San Antonio Ocotlán. Su muerte se suma a una cadena de homicidios de autoridades municipales que mantienen en alerta a la entidad y evidencian la vulnerabilidad de los gobiernos locales.

El caso ocurre apenas días después del asesinato de Israel Ramírez Peralta, agente municipal de San Marcos Zacatepec. Antes, el 15 de octubre de 2024, fue ejecutado el presidente municipal de Candelaria Loxicha, Román Ruiz Bohórquez; el 15 de mayo de 2025, el edil de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, y el 15 de junio del mismo año, la presidenta de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto. Ninguno de estos casos ha sido esclarecido por las autoridades.

Los patrones detrás de los ataques revelan causas recurrentes: la presencia del crimen organizado, disputas por el control de la policía municipal, recursos públicos, rutas de extracción y conflictos agrarios. También incide un alto grado de impunidad, lo que permite la repetición de los crímenes. Emboscadas, asaltos a palacios municipales y agresiones directas muestran que las motivaciones son tanto políticas como económicas.

De acuerdo con organizaciones que documentan la violencia política, Oaxaca y Michoacán concentran cerca del 60% de los homicidios de autoridades locales ocurridos entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de octubre de 2025. En ese periodo, Data Cívica registró 14 asesinatos de funcionarios electos.

Aunque la Fiscalía de Oaxaca y el gobierno estatal han condenado públicamente los hechos y prometido coordinación con la federación, organizaciones civiles denuncian que las medidas de protección y prevención siguen siendo insuficientes. En un país donde los municipios son el primer eslabón del gobierno, la creciente violencia e impunidad mantienen a autoridades locales entre las víctimas más expuestas al poder del crimen organizado.



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