Solo el 58% del agua distribuida públicamente se aprovecha
La escasez de agua se ha convertido en uno de los problemas más apremiantes de nuestra era, afectando a comunidades y ecosistemas en todo el mundo, provocando un estrés hídrico, que se resiente en la población.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el suministro de agua potable por habitante en el estado de Oaxaca bajó en promedio 60 por ciento en un poco más de 20 años, siendo el año más crítico el 2021.
Para el 2024, la sequía azotó a 9 de cada 10 personas del área metropolitana, siendo insuficiente la distribución del agua potable, alcanzado solamente 195 litros por segundo cuando la cantidad necesaria estimada es de al menos mil 100 litros por segundo, dejando a 78 colonias en foco rojo.
El análisis focalizado del Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que, en Oaxaca, solo el 58% del agua que se distribuye en la red pública, es aprovechada por sus habitantes, el 42% se pierde por fugas y consumos no autorizados.
Aunado a ello, el cambio climático, aumenta la demanda, pero baja la captación, CONAGUA reconoció que en el último año se ha registrado un aumento de 2 grados Celsius en la temperatura promedio de Oaxaca, lo cual representa un mayor uso del agua, sin embargo, en este 2025, las precipitaciones han bajado hasta un 37% y con ello la captación.
Lo cierto es, que hoy los ciudadanos de Oaxaca se queda cada vez más con menos agua, sin olvidar, que el uso doméstico, no es el principal sector beneficiado, del 100% de agua dulce disponible en Oaxaca, hasta el 90% se destina al sector agrícola, obtenidas principalmente de fuertes superficiales, almacenadas en presas, las cuales al corte del mes de marzo, registraban una capacidad promedio del 60% .
Ante este panorama crítico, el gobierno estatal y federal, han anunciado para este 2025, una inversión promedio de mil 200 millones de pesos para Oaxaca como parte del Plan Estratégico de Infraestructura Hídrica, dando un respiro de al menos 40 años, para alcanzar un modelo sostenible en el estado.
