Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) tomaron este lunes de manera simbólica el Palacio de Gobierno de Oaxaca para exigir avances en las investigaciones de asesinatos contra integrantes de su organización y presionar por acuerdos en una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) federal.
Entre sus principales demandas se encuentran el esclarecimiento del doble feminicidio de las activistas Adriana y Virginia Ortiz García y el freno a la violencia en la región triqui.
Los manifestantes señalaron que su movilización busca mantener la atención de las autoridades sobre los compromisos de seguridad y justicia pendientes, además de exigir respuestas ante las agresiones armadas registradas en distintas comunidades.

Exigen intervención de autoridades federales
El MULT acusó falta de resultados por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y cuestionó la actuación de la administración del gobernador Salomón Jara frente a los hechos de violencia. Por ello, pidió que la atención de sus demandas se concrete mediante acuerdos resolutivos con la Segob.
La organización sostiene que no basta con establecer reuniones de trabajo, sino que se necesitan compromisos específicos, con acciones y resultados que permitan atender los conflictos que afectan a las comunidades indígenas de la región.
Entre sus exigencias también se encuentra establecer garantías de seguridad y presencia permanente de las autoridades para evitar nuevos ataques en localidades como San Juan Copala y Tierra Blanca.

Piden esclarecer asesinatos y frenar agresiones
Otro de los puntos centrales de sus peticiones es el esclarecimiento del homicidio de Gertrudis Cruz, caso que se suma a las exigencias de justicia por los asesinatos de las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García.
Los integrantes del movimiento consideran que la violencia recurrente mantiene en riesgo a las familias de la región triqui y limita las condiciones para desarrollar sus actividades cotidianas.
Con esta protesta, el MULT busca que las autoridades estatales y federales asuman compromisos concretos para garantizar la seguridad, investigar los crímenes y evitar que las agresiones continúen sin consecuencias.