Integrantes de la Asamblea de Sobrevivientes de Presos Políticos y Víctimas del Conflicto Social de 2006-2007 bloquearon este viernes la avenida Juárez, a la altura del parque Paseo Juárez "El Llano", y las oficinas del Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Oaxaca, para exigir que sus expedientes y amparos sean enviados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los manifestantes demandaron que los recursos legales pendientes sean remitidos al máximo tribunal del país para obtener una resolución definitiva. También denunciaron presuntos incumplimientos de acuerdos y acusaron que su lucha por justicia ha sido objeto de intereses políticos.

La movilización busca presionar a las autoridades judiciales para que atiendan sus demandas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto sociopolítico que marcó a Oaxaca en 2006 y 2007.
La organización está integrada por personas que denunciaron detenciones arbitrarias, tortura, agresiones y otras violaciones a sus derechos humanos durante ese periodo, así como por familiares de víctimas de homicidios y desapariciones.
Arrastran demandas desde 2006
El movimiento surgió tras el conflicto generado por el desalojo del plantón de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) contra el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Entre sus integrantes se encuentran personas detenidas durante distintos operativos, incluido el realizado el 25 de noviembre de 2006, quienes desde entonces han exigido el esclarecimiento de los abusos denunciados y el castigo a los responsables.

Isaac Torres Carmona figura como uno de los principales representantes visibles de la Asamblea, que ha recurrido a protestas y ocupaciones de instalaciones públicas para demandar respuestas institucionales.
Reclaman reparación del daño
Entre sus principales exigencias se encuentran el acceso a la justicia, el esclarecimiento de los hechos, la reparación del daño y el cumplimiento de resoluciones judiciales y recomendaciones emitidas por organismos competentes.
Asimismo, demandan atención de instancias como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y del Gobierno de Oaxaca para avanzar en sus procesos.
Hasta el momento, la información proporcionada no precisa si las autoridades federales ofrecieron una respuesta a las exigencias planteadas durante la protesta.