Según la ONU, diez años después de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más de 2 mil millones de personas en el mundo siguen sin acceso seguro al agua potable, lo que equivale a una de cada cuatro personas
De ese total, 106 millones deben beber directamente de ríos, lagos u otras fuentes superficiales sin tratar, lo que refleja las enormes desigualdades globales y los desafíos pendientes para garantizar este derecho básico.
La ONU destaca que las personas que viven en países menos adelantados, las comunidades rurales, los niños, niñas y grupos indígenas son los más afectados por la falta de agua y saneamiento.
En muchos lugares, la recolección de agua sigue siendo responsabilidad de mujeres y niñas, quienes dedican horas a caminar grandes distancias para llenar bidones.
Esto impacta su educación y su participación social, y se agrava durante la menstruación, cuando la falta de infraestructura adecuada limita sus actividades y aumenta su vulnerabilidad
Saneamiento insuficiente y riesgos para la salud
El informe de la ONU indica que 3,400 millones de personas carecen de instalaciones sanitarias gestionadas de manera segura, y 354 millones todavía practican la defecación al aire libre.
Además, 1,700 millones no cuentan con servicios de higiene básicos en el hogar.
Estas condiciones facilitan la propagación de enfermedades prevenibles, incrementan la mortalidad y profundizan la marginación social, especialmente entre adolescentes, que a menudo abandonan la escuela o actividades cotidianas por la falta de acceso a baños seguros.
A cinco años de la fecha límite para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU advierte que sin un esfuerzo rápido y decidido, la promesa de agua potable y saneamiento para todos está en riesgo
La organización enfatiza que es necesario acelerar las acciones, sobre todo en las comunidades más vulnerables, para garantizar la salud, la educación y la dignidad de millones de personas.
La advertencia es clara: si no se actúa ahora, se perderá una oportunidad histórica para proteger el derecho fundamental al agua y la higiene, un elemento esencial para el desarrollo humano y la igualdad social.