Por: Andrés Solis
A finales de febrero de 2024, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela del Estado de México, dejó libre a un sujeto que había abusado sexualmente de su sobrina de cuatro años de edad, porque no había evidencias suficientes de su culpabilidad.
El caso provocó el rechazo social, la reacción del Tribunal Superior de Justicia del Estado, reavivó el debate sobre la urgencia de reformar al Poder Judicial.
El Poder Judicial es uno de los tres poderes de la Unión, y debe velar por el cumplimiento de las leyes y castigar a quienes no las cumplan, pero para ello deben actuar en función de las denuncias que el poder ejecutivo le presente en un juicio.
"Nos están acusando de algo que no cometimos, que no tomamos nada y sí nos tratan como delincuentes, nos pasan a los juzgados, pero también está la rejilla de prácticas, entonces realmente no hicimos nada, que no fuera dentro de nuestra labor", asegura un testimonio anónimo.
En 2008 el Congreso de la Unión aprobó reformas al sistema penal para privilegiar los juicios orales con la intención de garantizar una mejor impartición de justicia.
Edith López, abogada feminista, explica, "un poco pensando en este cambio y en estos indicadores, pues la oralidad y una serie de principios que garantizan el proceso de justicia, pues nos dice que ha habido cambios y estos cambios los podemos ver sobre todo en la Suprema Corte".
Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia México Evalúa, detalla, "con esto de la reforma penal que se aprobó en 2008 y en 2016 acabó su implementación se metieron muchos esfuerzos y recursos a los poderes judiciales, pero no suficiente a las fiscalías".
Ya pasaron 16 años y el sistema acusatorio avanza lento en juicios penales y más en procesos civiles, familiares o mercantiles.