Plan Nacional Hídrico ¿Qué podría cambiar en la normativa?

A principios de octubre de 2025, Claudia Sheinbaum Pardo envío a la Cámara de Diputados la iniciativa que expide una nueva "Ley General de Aguas", y la reforma a Ley de Aguas Nacionales, en esta última se agrega un artículo: 123 Bis "se impondrá pena de 2 a 10 años de prisión y de 400 a 4 mil días de multa a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin contar con la autorización o permisos expedíos por la autoridad competente", la misma pena a quien sin autorización altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales, genere afectación directa a las condiciones hidráulicas o ponga en peligro la vida de las personas o la seguridad de sus bienes, o ecosistemas vitales". 

"El panorama en el país y en el mundo en cuanto a agua es complejo, sobre todo por la situación del estrés hídrico y por las complicaciones que trae el cambio climático, sin embargo, del acuerdo, A la voluntad, de una distribución equitativa y de una gestión adecuada de nuestros recursos, va a ser posible que el agua en el futuro no sea un tema de disputa", expresó a finales de 2024, Efraín Morales López, Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Además "se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa a quien modifique o altere las instalaciones, equipos o dispositivos de medición de volúmenes de aguas nacionales con la finalidad de simular un consumo menor al realizado y obtener con ello un beneficio económico", el mismo tiempo de prisión y de 400 a 4 mil días de multa al servidor público que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o registre títulos de concesión, asignación, etc., para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a cambio de un beneficio no comprendido en su remuneración, para sí, para su conyugue, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes civiles hasta el segundo grado o para terceros con quien tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, socios o sociedades de las que la persona servidor público o antes referidas forman parte".      

La pena de 1 a 12 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa a quien solicite concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o el registro de títulos de concesión, asignación, permisos etc., para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales mediante el ofrecimiento o entrega de dádivas a la persona servidor público facultado para autorizar dichos tramites".

"Cuántas dependencias participan de este Plan Nacional, los tres niveles de gobierno, cuánto recurso se le va a asignar, cómo se va a distribuir, entre quiénes, cómo, para que empiece a funcionar, cuándo, en dónde y los objetivos, los tiempos y plazos, ahí es donde se pone complicado", cuestionó el Doctor Jorge Alberto Calles Santillana,  Profesor Investigador de la BUAP, Facultad de Ciencias Sociales en el área de Sociología.

La firma del Acuerdo por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad de noviembre de 2024 contempla 10 compromisos generales: garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad, su uso eficiente en los procesos productivos de las actividades industriales, agrícolas y pecuarias; garantizar el compromiso de todos los niveles de gobierno en materia de infraestructura, colaboración entre el sector público, privado y social para acciones regionales de mora de entornos en materia de agua, impulsar la innovación tecnológica para el tratamiento, reusó y potabilización del agua, entre otros; entonces ¿Cuáles podían ser sus observaciones e incluso zonas- escenarios de fracaso?