El colapso parcial del complejo inmobiliario Punta Paraíso, frente a la playa de San Pancho, en Bahía de Banderas, abrió nuevas interrogantes sobre la seguridad de la comunidad y los posibles daños ambientales.
Debido al colapso parcial del complejo turístico en este destino de Nayarit, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, informó a través de su cuenta de Facebook que solicitó la intervención urgente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para atender la situación.
Más tarde, este miércoles funcionarios municipales sostuvieron una reunión con representantes vecinales donde fueron cuestionados acerca de cómo actuarían si el inmueble termina de derrumbarse y quién retiraría los escombros que pudieran caer al mar.
Existe temor ante mayor afectación a la playa
Durante la reunión, habitantes de San Pancho insistieron en que, más allá de los procedimientos legales y las posibles responsabilidades por daños ambientales, necesitaban saber qué harían las autoridades ante una emergencia; preguntaron si el municipio de Bahía de Banderas podría intervenir para retirar los materiales que quedaran flotando en el mar, cuándo podría hacerlo y qué garantías habría para proteger la salud de la comunidad.
En la discusión también se mencionó la posibilidad de que un derrumbe relacionado con la construcción generara nuevas responsabilidades penales; sin embargo, la preocupación principal de los participantes fue la respuesta inmediata ante un eventual colapso total.
El empresario detrás de Punta Paraíso
El desarrollo Punta Paraíso fue impulsado por Pacific Lifestyle Properties, empresa vinculada al empresario Carlos Lemus Mateos y al inversionista canadiense Francis Bast. Lemus llegó a Puerto Vallarta en 1986 y desarrolló una trayectoria en el sector inmobiliario turístico, donde participó en proyectos en destinos como Ixtapa, Acapulco, Mazatlán y Cancún.
En 2001 Lemus y Bast desarrollaron el proyecto residencial frente al mar que contemplaba 44 viviendas distribuidas en tres edificios, conocido como Punta Paraíso, en San Francisco (San Pancho), Bahía de Banderas Nayarit.
Carlos Lemus es vicepresidente honorario de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Riviera Nayarit. En 2019 denunció por difamación y daño económico a activistas que se oponían al desarrollo que colapsó en este 2026.

Un conflicto ambiental que comenzó hace años
Las inconformidades contra Punta Paraíso se remontan a 2017, cuando habitantes de San Pancho y organizaciones ambientalistas cuestionaron el proyecto. Ese año, la PROFEPA inspeccionó el desarrollo y detectó una cerca instalada fuera del área autorizada, que invadía parcialmente la zona federal marítimo-terrestre, ordenando la dependencia retirarla.
Tras una inspección iniciada en 2021, la autoridad ambiental determinó que la empresa había ocupado irregularmente mil 466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar y ordenó recuperar el área y una multa de 96 mil 220 pesos.
El 7 de octubre de 2026, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó por unanimidad el amparo promovido por Pacific Lifestyle Properties. Con esa decisión quedaron firmes las sanciones ambientales, incluida la orden de demoler las construcciones identificadas como Torre 1 y Torre 2, restituir el terreno y pagar la multa.
Los daños estructurales ya habían sido reportados a principios de octubre, cuando personal de Protección Civil de Nayarit y del ayuntamiento de Bahía de Banderas inspeccionaron el complejo y se desalojó a sus ocupantes por el riesgo que presentaban las torres. En una entrevista con Meganoticias Tepic, la periodista vallartense Susana Carreño señaló que el oleaje estaba socavando la estructura. Como medida preventiva, 40 turistas fueron evacuados de las áreas más cercanas al mar y trasladados a una torre ubicada en la parte posterior del conjunto.
El colapso parcial ocurrido el 21 de octubre en Punta Paraíso destaca que la naturaleza hizo lo que la justicia no logró, pero ahora, el reto es la intervención de las autoridades para evitar que el inmueble afectado se derrumbe en la playa y afecte al medio ambiente.