La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Estatal, ejecutó un operativo en la gasolinera Apolo Gas, ubicada sobre el libramiento carretero, a la altura del fraccionamiento Castilla de Tepic, tras denuncias de irregularidades en la venta de combustible.
El despliegue incluyó un resguardo perimetral y la revisión de las bombas despachadoras; según los primeros reportes, se investiga la posible instalación de rastrillos, software que manipula los medidores para entregar litros de menos a los consumidores.
Durante la inspección, personal especializado de la FGR desarmó al menos una bomba para verificar la existencia de dispositivos ocultos; testigos señalaron que algunos empleados habrían intentado manipular el equipo al momento de la intervención, lo que reforzó las sospechas de alteraciones en los surtidores.
El uso de rastrillos ha sido documentado desde hace más de una década en diversas estaciones del país, afectando directamente a los usuarios y generando ganancias ilícitas para los concesionarios; estos operativos forman parte de las acciones federales para combatir la corrupción en el sector energético y garantizar la venta justa de combustible.
El cateo provocó expectación entre automovilistas y vecinos de la zona; durante la cobertura, algunos reporteros denunciaron intentos de intimidación por parte de personal del establecimiento, lo que tensó aún más el ambiente en el lugar.
Hasta el cierre de esta edición, la FGR no ha confirmado clausuras ni aseguramientos, pero adelantó que los resultados de la revisión se darán a conocer una vez concluyan los peritajes técnicos en las bombas inspeccionadas.