En Nayarit, la preocupación por el aumento de víctimas de extorsión ha impulsado nuevos cambios legales: la ENVIPE 2024 estimó 5,344 casos por cada 100,000 habitantes, una cifra que, aunque basada en denuncia indirecta, refleja alto nivel de afectación social. Ante este contexto, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal y a leyes de seguridad pública para responder con mayor firmeza a esta modalidad delictiva. La decisión surgió en sesión ordinaria de la Trigésima Cuarta Legislatura. Las y los diputados destacaron la urgencia de frenar el delito.
Las reformas aprobadas integran el uso de tecnologías, inteligencia informática y coordinación obligatoria entre instituciones para investigar y perseguir extorsiones con mayor eficiencia. Estas medidas buscan atender no solo los casos denunciados, sino también la enorme cifra negra, que supera el 90 %. Con ello, el estado pretende construir una estrategia de intervención más sólida. Las autoridades señalan que la falta de denuncia limita la acción policial.
El paquete legislativo también armoniza la normatividad local con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024?2030, alineando métodos de investigación y protocolos. Este ajuste legal responde al incremento nacional del delito, que pasó de 8,157 casos de enero a septiembre de 2024 a 8,585 en el mismo periodo de 2025. Con esta actualización, Nayarit se incorpora de manera más eficaz a la política federal contra la extorsión.
En el estado se han detectado varias modalidades de extorsión que afectan a comercios, familias y migrantes: llamadas intimidatorias que simulan pertenencia a grupos criminales; cobros de "derecho de piso" a negocios; amenazas virtuales mediante redes sociales; secuestro virtual, donde se manipula psicológicamente a la víctima; y extorsiones desde centros penitenciarios. La reforma pretende atacar cada modalidad con investigación especializada. Con ello se aspira a reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta institucional.