COPARMEX: Reforma antilavado pondría en riesgo a MiPyMES
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) podría poner en riesgo la operación de miles de empresas formales, especialmente micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs); si bien coinciden en la necesidad de combatir el lavado de dinero, consideran que la propuesta legislativa incurre en sobrerregulación y desconoce la realidad operativa del país.
Actualmente en análisis en la Cámara de Diputados, la iniciativa amplía significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades consideradas vulnerable, entre ellas, se encuentra la identificación obligatoria de todos los clientes, incluidos los beneficiarios finales en el caso de personas morales, así como la generación de reportes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre operaciones inusuales.
Coparmex alertó que estas disposiciones implicarían fuertes inversiones en tecnología, capacitación del personal y contratación de servicios especializados, costos difíciles de asumir para la mayoría de las MiPyMEs; a esto se suma la persistente restricción en el uso de efectivo, una medida que no toma en cuenta la baja bancarización de amplios sectores de la población.
La confederación también criticó la propuesta de eliminar el requisito de demostrar dolo en algunos casos, ya que esto abre la puerta a sanciones penales automáticas. Además, las multas por incumplimiento podrían ascender a más de 7.3 millones de pesos o incluso al 100 % del monto de la operación.
En lugar de promover el cumplimiento, Coparmex considera que la reforma podría fomentar la informalidad e incluso provocar cierres de negocios, por ello, llamó a los legisladores a analizar la minuta con base en evidencia, diálogo y responsabilidad.
La organización empresarial propone una implementación escalonada, proporcional y acompañada de incentivos, especialmente para las MiPyMEs; subraya que la lucha contra el lavado de dinero debe ir de la mano con una regulación eficiente que no castigue a quienes generan empleo ni frene el desarrollo económico del país.
