COPARMEX: Regularizar invasiones pone en riesgo la propiedad privada
Organismos empresariales como COPARMEX, CONCAMIN y CANACO expresaron su firme rechazo a la propuesta del Infonavit de regularizar viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra a precios subsidiados, al considerar que esta medida vulnera el derecho de propiedad y pone en riesgo el patrimonio de los trabajadores.
En un comunicado conjunto, seis organizaciones, incluidas la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), advirtieron que permitir la adquisición de inmuebles por parte de ocupantes sin vínculo jurídico con el Instituto implicaría institucionalizar la invasión como mecanismo de acceso a la vivienda; "El Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen", señalaron.
Según datos oficiales, de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar, de un universo de más de 843 mil, el 86% están habitadas por personas que no cuentan con ningún título legal ni relación con el Instituto, para los organismos empresariales, permitir que estos ocupantes adquieran las viviendas por debajo de su valor comercial representa un grave precedente que atenta contra la seguridad jurídica del país.
Las organizaciones empresariales reconocieron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, durante una conferencia celebrada el 18 de junio, afirmó que "la propiedad privada está resguardada" y que no se busca despojar a sus legítimos propietarios; no obstante, insistieron en que esta postura debe traducirse en decisiones claras y legales por parte del Infonavit.
En el comunicado también se señala que el Instituto enfrenta una crisis de gestión desde 2015, el índice de morosidad pasó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si se incluyen los créditos segregados, la cartera vencida asciende al 32%; "En lugar de atender la situación de acreditados con pagos vencidos, se promueve una estrategia que beneficia a invasores y compromete la viabilidad financiera del Instituto", advirtieron.
Los firmantes reiteraron que el Infonavit no cuenta con atribuciones legales para escriturar, rentar o vender viviendas a personas que no son derechohabientes, señalaron que la atención a población no afiliada corresponde a otras instancias, como la SEDATU o la CONAVI e hicieron un llamado a la Asamblea del Infonavit para detener cualquier intento de legalizar ocupaciones al margen de la ley.
