Denuncian abusos a trabajadores de Bienestar; Delegada aclara situación

Personal adscrito a la delegación de Bienestar en Nayarit denunció presuntos abusos laborales y amenazas por parte de la delegación al exigirles trasladarse a Álamo, Veracruz para realizar labores de censo tras las recientes lluvias y desastres naturales, sin viáticos ni apoyos definidos; de acuerdo con lo señalado, alrededor de 75 servidores de la nación fueron notificados desde la tarde del domingo para viajar de manera obligatoria.

Los inconformes señalan que, aunque no rechazan colaborar en la emergencia, la medida se impuso "de forma inhumana y sin sensibilidad", al no considerar condiciones familiares o de salud. "Hay compañeras mamás solteras, otras con bebés o con problemas médicos; quien no vaya, será dado de baja", dijo un trabajador bajo reserva de identidad por temor a represalias; afirmaron además que Unidades de Bienestar y Atención (UBA) serían incluidas en las brigadas pese a no contar con seguridad social, lo que advierten deja al personal sin atención médica garantizada en caso de incidentes.

El personal también denunció presunta discriminación interna, pues ciertos integrantes no serían considerados para estas comisiones y gozarían de privilegios, sostienen que no es la primera vez que se enfrentan a condiciones de riesgo, relataron envíos previos a Huajicori y El Nayar sin medidas suficientes, y un incidente donde una camioneta del Ejército se averió en la sierra "sin que hubiera seguimiento ni comunicación con las familias".

Durante un evento programado este lunes en las canchas de la loma la delegada Martha Patricia Urenda Delgada fue consultada sobre los señalamientos, e indicó que la instrucción proviene de la Presidencia de la República y aplica a todas las delegaciones para apoyar a Veracruz, San Luis Potosí y Puebla; precisó que a Nayarit le corresponde Álamo, Veracruz y que las brigadas suelen permanecer aproximadamente un mes.

Aseguró que se solicitarán datos para el trámite de viáticos, que cada área define listados con coordinadores y regionales, y que se excluye a personal con enfermedad comprobable o a quienes ya acudieron a otras asignaciones (Acapulco, Cajeme, San Quintín y Morelia); confirmó que van 75 personas y atribuyó la polémica al desconocimiento del proceso, subrayando que mantiene "puertas abiertas" para dialogar.